20-05-2020 / 18:20 h EFE

UGT ha justificado su negativa a respaldar el plan de reincorporación progresiva de los funcionarios de la Generalitat porque se pretendía "imponer el régimen de trabajo en turnos de mañana y tarde, habilitar horarios especiales sin especificar cuáles o limitar el disfrute de las vacaciones".

En un comunicado hecho público este miércoles, UGT de Cataluña ha esgrimido estos argumentos para justificar la ruptura de las negociaciones con la Generalitat en el marco de la Mesa General del Empleado Público.

La Generalitat ha acordado sin el aval de los sindicatos un plan por el cual primará el teletrabajo entre los funcionarios como fórmula de prestación de servicios "preferente", incluso cuando se alcance la fase 3 de la desescalada, y ofrecerá diversas medidas de flexibilidad laboral como el teletrabajo parcial y los turnos rotatorios.

UGT censura que la propuesta de la Generalitat "no tenía una vigencia determinada", y que "excluía" también al personal estatutario y al personal docente, si bien UGT pedía también "descentralizar" las medidas adoptadas y que fuera cada mesa sectorial la que implantara las medidas y fases adaptadas a la realidad de cada colectivo.

La Generalitat sostiene que su plan afecta a unos 40.000 empleados públicos, fundamentalmente el personal administrativo, técnico y el laboral, aunque también al de servicios sociales, al penitenciario y a bomberos y agentes rurales, y admitía que ese acuerdo sirve como referencia a docentes y sanitarios, aunque ajuste luego a las necesidades específicas cada tipo de funcionario en las mesas sectoriales correspondientes.

"El gran problema reside en la obligatoriedad de incorporarse presencialmente en unas condiciones que no aseguran las medidas de seguridad y que, además, dejan en manos exclusivamente de la administración la jornada, los horarios, los turnos, el puesto de trabajo donde prestar el servicio, y las vacaciones y permisos, supeditadas a las necesidades del servicio", asegura la UGT.

Por el contrario, la Generalitat sostiene que para escalonar la incorporación presencial de los funcionarios a sus centros de trabajo, el plan establece que, en fase 2, no pueda haber "más de un tercio de la plantilla" que preste servicios simultáneamente en los centros de trabajo, y sostiene que no se fuerza al funcionario a volver presencialmente a su puesto de trabajo.

 
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