20-05-2020 / 18:33 h EFE

Los funcionarios de la Junta de Comunidades que han prestado sus servicios desde casa a raíz de la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus podrán seguir haciendo teletrabajo sin obligación de acudir de manera presencial a su puesto de trabajo, mientras así lo establezca el Ministerio de Sanidad.

Así se recoge en el auto dictado este miércoles por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo, al que ha tenido acceso Efe, en el que el juzgado da respuesta al recurso presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Administración y Servicios (STAS) contra la resolución del 13 de mayo de la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

En dicho recurso, el sindicato ha planteado la medida cautelar de especial urgencia contemplada en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para pedir que los empleados públicos de la Junta que han trabajado desde casa durante todo el estado de alarma puedan continuar con el mismo sistema, en tanto así lo establezca el Ministerio de Sanidad en las sucesivas normas que regulan las fases de la desescalada.

Según los razonamientos jurídicos del auto, el juzgado puede acordar esta medida cautelar en el plazo de dos días, dada la "concurrencia de circunstancias de especial urgencia", sin oír a la parte contraria y sin posibilidad de recurso, si bien el órgano judicial da audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente y a partir de ahí poder dictar otro auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida.

STAS ha fundamentado su recurso en que las medidas de la Administración regional para la reincorporación física a los puestos de trabajo no han sido objeto de negociación con los sindicatos y que ha otorgado preferencia al trabajo presencial frente al telemático, lo que contraviene las normas establecidas por las autoridades sanitarias y conlleva poner en riesgo de contagio a 5.000 empleados públicos.

El juzgado ha considerado atender la urgencia de la petición de la medida cautelar por la evidencia de una pandemia mundial, así como por la circunstancia de que la entrada en vigor de la reincorporación que se fija en la resolución de la Dirección General de la Función Pública se produce al día siguiente de la entrada en la fase 1 del plan de desescalada de las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Además, el auto recoge que la falta de adopción de esta medida cautelar en tanto se tramita el procedimiento supondría causar perjuicios de imposible o difícil reparación derivados de la posibilidad de contagio y propagación de la enfermedad respecto al personal de la Junta y sus organismos autónomos que pueden prestar servicios de forma telemática.

Por ello, ha entendido que evitar la propagación del virus y el derecho a la protección a la salud que puede verse afectado por el riesgo de contagio han de primar frente a la reincorporación presencial de los trabajadores.

 
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