22-05-2020 / 11:52 h EFE

La Audiencia de Granada ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Motril (Granada) que condenó a tres años de prisión a la que fuera administradora única de la fábrica Ron Montero por el accidente laboral ocurrido en julio del 2014 en la fábrica, que se saldó con un trabajador muerto y otros dos heridos de gravedad

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así los recursos presentados por las distintas partes, y solo admite que se indemnice con 12.000 euros a uno de los trabajadores heridos por la pérdida de su hermano, para lo que el tribunal declara la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Ron Montero.

De esta forma, el fallo desestima el recurso de apelación presentado por la defensa de la administradora, que consideraba que en el momento de la firma con la entidad aseguradora no era administradora de la sociedad, por lo que no participó en la firma del convenio.

Considera el fallo que las cuatro apreciaciones realizadas en el recurso de la defensa carecen de relevancia para la determinación de la intensidad o gravedad que debe atribuirse a la imprudencia cometida por la acusada, al tender su discurso "no a la exclusión de su existencia, sino a su consideración como una imprudencia menor o leve".

De esta forma, la sentencia mantiene el veredicto del Juzgado de lo Penal 2 de Motril, que condenó a tres años de prisión a la administradora como autora responsable de un delito de homicidio grave y de dos delitos de lesiones por imprudencia grave.

Además, por las lesiones causadas deberá de indemnizar con 268.641 euros a uno de los dos trabajadores que resultaron heridos de gravedad, Manuel G.R., y con 392.051 euros al otro, Miguel L.V. , Aquel fallo absolvió al técnico de prevención de riegos laborales del delito de homicidio por imprudencia, lesiones y contra el derecho de los trabajadores por los que también estaba encausado, y le eximió de responsabilidad civil.

En ambos casos, la Fiscalía había solicitado tres años y cuatro meses de cárcel para los acusados, mientras que la acusación particular, ejercida por los trabajadores heridos, pedía para uno de ellos una pena de cuatro años y seis meses de cárcel y para el otro algo menos de tres años.

 
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