24-05-2020 / 12:01 h EFE

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha abierto de oficio actuaciones informativas en relación a la querella que ha presentado un despacho de abogados contra cinco magistrados de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, y lo califica de "inaceptable".

El despacho de abogados Arriaga Asociados ha presentado esta querella contra los cinco magistrados por un presunto delito de prevaricación por dictar una sentencia que cree que va en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionada con la 'claúsula IRPH' en los préstamos hipotecarios, según avanzó El Periódico.

Ayer, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó dirigirse a las Presidencias del Consejo General de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona a fin de someter a su consideración si el comportamiento de este despacho de abogados puede haber ignorado alguna de las obligaciones que, en su relación con los Tribunales, le exige el artículo 10 del Código Deontológico de la Abogacía Española.

Por su parte, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, en sesión celebrada el pasado día 20 de mayo y "no a instancias de ninguna otra institución", ha acordado abrir de oficio actuaciones informativas, según informa este domingo el ICAB en un comunicado.

El ICAB sostiene que la discrepancia con una resolución judicial, que según parece consiste en "ir contra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", se ha de plantear a través de los recursos judiciales establecidos al efecto por las leyes procesales.

Recuerda, en este sentido, que la sentencia motivo de la querella no es firme, por lo que cabe contra ella formular un recurso de casación.

"Desde este punto de vista, la interposición de una querella por una pretendida prevaricación de un Tribunal, sin haber agotado la vía jurisdiccional establecida al efecto, resulta absolutamente inaceptable", afirma el ICAB.

Para este colegio, la vigente normativa de la Abogacía catalana obliga a los profesionales a comportarse con "prudencia, lealtad y buena fe", ante la administración de justicia, tanto en sus manifestaciones como en sus escritos, por lo que ante esta situación "se iniciarán las actuaciones informativas que procedan".

 
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