La Generalitat ha ampliado hasta 30 de septiembre la moratoria de las sanciones aplicables a las empresas y entidades que contraten a socorristas sin regularizar, ante la incertidumbre generada por la COVID-19 y el temor a la falta de efectivos.
"Es una medida excepcional ante la incertidumbre de las condiciones en que se producirá la apertura de piscinas y playas este verano", ha explicado la portavoz del Govern, Meritxell Budó.
El gobierno catalán ya aplicó una moratoria similar el verano pasado por la escasez de efectivos.
En este sentido, Budó ha destacado la dificultad de hallar a profesionales del salvamento y del socorrismo acuático "entre un colectivo que está marcado por la temporalidad".
De hecho, este verano hay 1.400 socorristas en previsión de trabajar que no cumplen los requisitos administrativos para ello; unos porque no han podido culminar los cursos de formación que empezaron antes de la eclosión de la COVID-19, especialmente la parte práctica, y los otros porque no han podido convalidar sus titulaciones procedentes de otros países.
"En este contexto, no se podrían atender todas las necesidades de socorristas previstas para la próxima temporada", ha advertido la consellera, que ha subrayado que esto "pondría en peligro" la seguridad de los bañistas".
En total, en Cataluña hay 9.270 socorristas en disposición de trabajar en playas y piscinas catalanas este verano, donde se deberán cumplir nuevos protocolos de seguridad, higiene y aforo.
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