27-05-2020 / 13:43 h EFE

El Ministerio Fiscal mantiene abiertas cuatro investigaciones penales por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus en sendas residencias de ancianos de la provincia de Cáceres, de las localidades de Valencia de Alcántara, Garrovillas de Alconétar y el resto de la capital cacereña.

En concreto, en Cáceres el trámite de investigación afecta a la Asistida El Cuartillo, que “llevará más tiempo” por el número de personas fallecidas, La Hacienda y Cervantes, esta última por la vía civil, como otras siete causas.

Así lo ha confirmado el fiscal superior de la región, Aurelio Blanco, en declaraciones a Efe, tras el minuto de silencio en memoria por los fallecidos de Covid-19 celebrado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX).

En las cuatro investigaciones penales abiertas se están tomando declaraciones a trabajadores y familiares de los afectados, para ver si tiene alguna trascendencia de tipo penal.

Una de ellas, la del centro de mayores de Valencia de Alcántara, ya está en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de dicha localidad, una causa en fase de investigación en la que está personado la Fiscalía, tras haber sido presentada una denuncia por un familiar, según ha confirmado el TSJEX.

El fiscal ha precisado que ya se han archivado otras investigaciones a residencias de mayores, dos en la capital pacense, otra en Cáceres, tras una denuncia de Vox, y una cuarta en Mérida (Badajoz), por no haber motivo para abrir procedimiento penal tras la comprobación de la situación de la inspección de Sanidad.

Además, la Fiscalía mantiene ocho diligencias de control civil en las que pide información a las residencias sobre cómo se estaba actuando respecto a los medios de protección de que disponían o cómo se llevaba a cabo el aislamiento de los contagiados, en algunos casos relativas a la protección de ancianos sin familiares.

“Siguen llegando denuncias y algunas quejas que no corresponden a la Fiscalía ni a los juzgados aclarar porque son temas administrativos o puramente de responsabilidad patrimonial de las administraciones publicas, si es que las hay”, ha precisado Blanco.

A su juicio, una vez que se reactiven los plazos procesales, el próximo 4 de junio, todo este volumen de trabajo aumentará y llegarán más causas a investigar.

 
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