29-05-2020 / 12:52 h EFE

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha deseado que el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), en Garray, puede ser una zona industrial más de la provincia, pero ha advertido de que "no sea" a costa del desarrollo de otros enclaves, como el de Valcorba, en Soria.

Martínez ha valorado este viernes a preguntas de los periodistas, en rueda de prensa telemática, la sentencia del Tribunal Supremo que da vía libre al desarrollo y ejecución del PEMA como zona de desarrollo industrial, tras rechazar el recurso de casación interpuesto por la asociación ecologista ASDEN.

"Esta sentencia no puede justificar que ahora se dejen de invertir en otros proyectos para meter más dinero en el PEMA", ha apuntado.

En este sentido ha pedido a la Junta que cumpla el convenio firmado en 2005 para invertir 35 millones de euros en el polígono industrial de Valcorba, que ha aplazado su recepción a septiembre.

"He asistido casi perplejo de que esta sentencia judicial venía a justificar el despilfarro económico de la CMA, aprobada por una ley que el Constitucional declaró inconstitucional", ha lamentado.

Martínez ha reiterado que la CMA fue el mayor despilfarro de esta provincia, pasando por encima de otros proyectos para la provincia.

En este sentido ha pedido impulsar el polígono de Valcorba, la ampliación del palacio de la Audiencia, Soria Norte, y la nueva sede de la Escuela de Idiomas.

Martínez ha señalado que la capital no puede estar abandonada a su suerte por quien tiene que promover el empleo, que es la Junta.

El alcalde de Soria ha asegurado que la implantación de una empresa en Garray no compite con una en Soria y ha advertido a quienes lo ven como una rivalidad que se equivocan.

Por otra parte, ha pedido a los sorianos que no acudan este fin de semana a Valonsadero a celebrar lo que hubiese sido, de no mediar el estado de alarma, el desencajonamiento de los toros de las fiestas de San Juan.

El alcalde ha señalado que es responsabilidad de todos no acudir al monte a celebrar y ha advertido del "quebranto económico" que puede suponer para los ciudadanos, en caso de ser sancionados.

En este sentido ha avanzado que habrá controles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para prevenir la posibilidad de concentraciones que no están autorizadas.

 
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