La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha calificado la aprobación este viernes en Consejo de Ministros del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como “un paso histórico para la distribución de la renta y para consolidar el estado del bienestar, por el que se crea un nuevo derecho equiparable a las ayudas a la dependencia, a las pensiones o al acceso a la sanidad universal".
En un comunicado ha sostenido que “para luchar contra un problema estructural de pobreza se necesita una herramienta permanente en nuestro sistema que reduzca la pobreza y fomente la inclusión social” y ha recordado que los “organismos internacionales insisten en que España es uno de los países de la OCDE con un mayor problema de pobreza severa y una peor distribución de la renta".
La delegada ha explicado que para la puesta en práctica del IMV se han previsto, por un lado, convenios con los ayuntamientos y, por otro lado, una ventanilla única en la Seguridad Social “para que los posibles beneficiarios tengan medios ágiles y llegue lo antes posible a quienes más lo necesitan”.
Asimismo, ha destacado que es la primera vez que en España se pone en marcha una medida de esta naturaleza, diseñada aprovechado experiencias similares en otros países para hacer que realmente ayude a quienes realmente más dificultades tienen.
El IMV beneficiará a 850.000 familias (la mitad de ellas disponen de menos de 310 euros al mes), esto supone 2,3 millones de personas en España, con especial atención a los hogares con hijos, ya que más del 30 % de los beneficiarios serán menores de edad que viven en estas familias.
Sandra García ha resaltado, además, el rendimiento económico y social que tendrá esta medida, “ya que, si el coste anual para el Estado será de 3.000 millones de euros, esta cantidad irá directamente a reactivar la economía, pues los hogares destinarán esos ingresos al consumo de necesidades básicas y, por tanto, en el empleo de pymes y autónomos".
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