29-05-2020 / 17:31 h EFE

Entidades sociales, que llevan más de tres lustros demandando un ingreso mínimo estatal, han destacado el enorme impacto que va a tener para paliar las situaciones de mayor pobreza y desigualdad en España y piden que se faciliten los trámites para acceder a él.

La Plataforma del Tercer Sector, compuesta por 28.000 organizaciones, ha calificado de "hito histórico" la aprobación de ese ingreso mínimo vital a nivel estatal, que acerca a España a los países de la Unión Europea (UE) en cuanto a niveles de protección social.

Según el presidente de la plataforma, Luciano Poyato, este instrumento tiene un impacto de carácter social sin precedentes y beneficiará a las personas más vulnerables, pero también al conjunto de la sociedad, ya que favorecerá la inclusión y la cohesión social.

Es "fundamental" para abordar la pobreza severa, en un momento de crisis en el que se están detectando nuevas demandas sociales y en el que los niveles de pobreza están aumentando de manera exponencial, ha aseverado Poyato.

Con esta aprobación, España dejará de ser el único país de la eurozona sin un sistema de rentas mínimas estatal, que combata los altos índices de pobreza existentes, beneficiando a 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad social y económica (2,3 millones de personas), explica la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Para el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, el ingreso mínimo vital "puede ser un fuerte impulso para la erradicación de la pobreza severa en España".

"Es un instrumento redistributivo, de justicia social y de alta inteligencia económica, beneficia a las personas y familias que peor lo están pasando y son recursos que irán directamente al consumo inmediato en los servicios y establecimientos de proximidad; en definitiva, es una medida que beneficia a toda la población, pero aún queda mucho por hacer", ha señalado Susías.

Intermón Oxfam cree que es un avance para acabar con la pobreza en España, pero recuerda que, con un coste estimado en 3.000 millones, este ingreso será insuficiente para cubrir a los más de cuatro millones de personas que se encuentran en situación de pobreza severa.

"Es un primer paso con el que el Estado español empieza a devolverle a las rentas bajas una deuda adquirida con años de protección social regresiva, ineficiente e ineficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad", explica Liliana Marcos, experta en políticas públicas y desigualdad de la ONG.

"Hemos calculado que con 6.000 millones al año, la sexta parte de lo que costó rescatar a la banca, sí se lograría el objetivo de acabar casi por completo con la pobreza severa en España", añade.

También, Save The Children considera que es insuficiente y mejorable porque los umbrales establecidos dejan fuera de esta prestación a parte de la población en riesgo de pobreza, como los hogares compuestos por dos personas adultas y dos niños con ingresos anuales de entre 10.523 y 18.628 euros.

La organización de defensa de la infancia reconoce como una medida muy positiva el esfuerzo en simplificar la burocracia para su solicitud, evitando una barrera para las familias con menor nivel cultural, y da la bienvenida a la priorización de las familias monoparentales, formadas en su mayoría por mujeres solas, a quienes se destinará 100 euros más al mes para cubrir las necesidades de crianza.

Como medida "puente" hasta que este ingreso llegue a las familias beneficiarias, reclama que se apruebe una prestación por hijo e hija a cargo reforzada.

 
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