02-06-2020 / 16:11 h EFE

El Ayuntamiento de València ha asegurado este martes que no hubo sanción alguna para el Consistorio por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en relación a la "infracción grave" detectada en la encuesta sobre el mundo fallero realizada en 2017.

La Audiencia Nacional ha confirmado el pronunciamiento de la Agencia Española de Protección de Datos (EPD) en el que concluía que el Ayuntamiento de València cometió una infracción muy grave al haber tratado datos especialmente protegidos, como los relacionados con ideología o religión, en una encuesta sobre las Fallas realizada en 2017.

Todo ello lo hizo "sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de los participantes", según concluye la sentencia, hecha pública por la Audiencia Nacional.

Al respecto, fuentes municipales han explicado que "la Audiencia simplemente ha rechazado el recurso contencioso-administrativo planteado en su momento. No existe, ni existió, sanción alguna para el Ayuntamiento de València pero, en todo caso, los servicios jurídicos estudiarán con detenimiento el pronunciamiento que ha hecho este tribunal".

"La encuesta a la que se refiere el tribunal es un estudio sociológico encargado a una experimentada empresa profesional, líder en su sector, y es evidente la confianza en que se utilizaría la metodología oportuna y por tanto redundante apercibirla de cuestiones básicas de su trabajo cotidiano, como lo es en este caso indicarle a una empresa de estudios de opinión que respete la LOPD, como deben hacer todas las empresas en todos sus trabajos".

Asimismo, se insite en que "la misma empresa se comprometió por contrato a adoptar todas las medidas de seguridad exigidas por la LOPD y RLOPD en el tratamiendo de unos datos cuya naturaleza, tanto empresa como Ayuntamiento convinieron que eran de nivel alto, así como a la destrucción de los datos, tal y como efectivamente se produjo".

El Consistorio, según las mismas fuentes "únicamente dispuso de los resultados finales del estudio realizado, que fueron expuestos a los medios de comunicación. En ningún caso dispuso de ningún tipo de información de carácter personal de las personas encuestadas".

Por último, han alegado que "como Ayuntamiento tenemos la obligación ante la UNESCO de proteger una fiesta que desde el mandato anterior ya está incluida en el catálogo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto se consigue profundizando en el conocimiento sobre la propia fiesta desde vertientes tan diversas como la sociológica, la económica o la medioambiental. No bastan las percepciones sino que son necesarios los estudios profesionales que entre otros aspectos confirmen la transversalidad social de la fiesta demostrada en el estudio".

 
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