03-06-2020 / 11:02 h EFE

La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha beneficiado a 14.615 familias en mayo, con una cuantía de 16,1 millones de euros, lo que supone un nuevo máximo histórico después de que en abril se alcanzasen los 11,3 millones.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado esté miércoles en un comunicado que estos datos demuestran "claramente" el compromiso del Gobierno andaluz con la renta mínima, que es de "vital importancia" en estos momentos de emergencia social por la COVID-19.

El pasado año, la inversión total superó los 122,3 millones de euros frente a los 57 millones de 2018 consignados por el Gobierno socialista, según la nota.

La consejera ha resaltado la influencia que ha tenido en este nuevo máximo histórico el refuerzo de 1.260 efectivos en los Servicios Sociales Comunitarios, el abono de horas extraordinarias al personal de las Delegaciones Territoriales y la potenciación de la tramitación electrónica y automatización de procedimientos.

Además, mediante el decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus, se ha podido acelerar la resolución de expedientes en situación de urgencia o emergencia social ya presentadas, así como las solicitudes de ampliación.

Ruiz ha recordado que la Consejería de Igualdad ha movilizado en las últimas semanas un presupuesto de 20 millones de euros con el objetivo de beneficiar a 10.000 familias andaluzas.

Entre las nuevas medidas, destaca la puesta en marcha de una prestación extraordinaria destinada a familias con menores a cargo o unipersonales, puesto que son las que presentan una menor red de apoyo.

Esta nueva ayuda se percibirá durante cinco meses y podrá llegar a beneficiar a un máximo de a 4.200 familias.

Además, la Junta de Andalucía está trabajando en la modificación de la normativa que regula la renta mínima, teniendo como base las conclusiones de la evaluación del primer año de ejecución del decreto-ley realizada en colaboración con la Red de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía.

La consejera ha valorado la aprobación del Ingreso Mínimo Vital por el Gobierno central para que se garantice un pago mínimo a las familias y personas que lo necesitan, aunque ha rechazado el procedimiento seguido al entender que se ha llevado a cabo "sin información y sin negociación con las comunidades autónomas".

Ruiz ha reclamado una gestión adecuada para que cuente con los recursos materiales y humanos necesarios, y ha defendido que sea la Comunidad andaluza la que lo gestione como se ha negociado con el País Vasco y Navarra.

 
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