03-06-2020 / 12:41 h EFE

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña (Fapac) ha denunciado que 1.747 de los alumnos que acaban primaria este año no podrán cursar primero de ESO en la red pública en el próximo curso por falta de plazas, casi todos ellos en la zona de Barcelona y 716 en la capital catalana.

La entidad ha hecho público este miércoles un estudio en el que analiza la oferta inicial de plazas de la conselleria para el próximo curso teniendo en cuenta los datos de natalidad, empadronamiento, tasa de escolarización y previsión de la matrícula viva.

El estudio revela que la falta de plazas se concentra en Barcelona y sus comarcas más cercanas, por lo que faltarían 716 en Barcelona ciudad, 428 en Barcelona comarcas, 239 en Baix Llobregat, 169 en el Maresme-Vallès Oriental, 180 en el Vallès Occidental y 15 en Tarragona.

La entidad también ha calculado que este año el sistema educativo catalán deberá absorber 86.577 alumnos en 1º de ESO, para los que serán necesarios 3.043 grupos si se mantiene la ratio media del curso pasado de 28,46 alumnos por aula.

Por ello, ha considerado "insuficiente" la oferta de 3.006 grupos ofertada por Educación, que según Fapac "deberá incurrir en una ilegalidad y situar la ratio por encima de lo que establece la legislación" para mantener los grupos previstos.

La entidad ha denunciado que en secundaria la red pública representa el 66,65%, mientras que la concertada es el 32,14% y que en el paso de primaria a secundaria, la red pública pierde un 9,5% de capacidad de cobertura.

En cuanto a P3, el estudio señala la incorporación de 67.257 alumnos, que con una ratio de 22 alumnos por aula necesitarán 3.057 grupos, de los que sólo 2.090 son públicos.

Los cálculos de Fapac implican un déficit de 967 grupos en la educación pública para P3, lo que significa que 17.856 niños "estarán forzados a escolarizarse en la red concertada" cuando "las familias están demandando plazas públicas".

Sobre el plan de choque contra la segregación escolar desplegado por el Consorcio de Educación de Barcelona, la entidad ha denunciado que se deriva alumnado de entornos desfavorecidos a la red concertada, casi siempre religiosa, con la promesa de ofrecerles beneficios económicos durante todo el periodo de escolarización.

Para la FaPaC, se trata de una medida "asistencialista" con la que el departamento "mejora los índices de segregación a costa de despegar a los alumnos de sus entornos y de dispersarlos", y ha acusado a Educación de "no informar a las familias sobre la posibilidad de renunciar a una plaza concertada".

 
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