03-06-2020 / 15:59 h EFE

La Junta de Extremadura ha explicado este miércoles que la disminución de plazas de docentes en los centros de enseñanza pública para el próximo curso es "una propuesta técnica" abierta aún a la negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Educación.

Dicha propuesta, elaborada por la Inspección de Educación, "hay que llevarla a la negociación", ha afirmado en rueda de prensa la portavoz y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, a preguntas sobre esta cuestión de los medios de comunicación.

"No hay nada firme", ha remarcado la portavoz, quien ha aseverado que el Ejecutivo extremeño mantiene su apuesta por "la calidad de la educación, el acceso a los servicios y programas y atención a las necesidades educativas".

Tras remarcar que "lo que no se puede discutir es que actualmente hay más profesores y maestros de los que había en 2015 a pesar de que cada vez hay menos niños", Gil Rosiña ha expresado la voluntad de dialogo del Ejecutivo con el conjunto de la comunidad educativa y el respeto hacia las críticas que ya han elevado los sindicatos a la posibilidad del citado recortes de plazas de docentes y profesores.

De hecho, el sindicato PIDE ha decidido convocar huelga del 10 al 30 de junio para todo el personal docente ante este posible recorte de plantillas, así como por la vuelta a las aulas, mientras que la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos de Extremadura (FREAMPACP) ha mostrado su oposición "de forma inequívoca" a cualquier reducción de plazas.

En referencia a la petición del Grupo Parlamentario de Unidas Por Extremadura (UPE) para que la Junta dé "marcha atrás" al posible recorte de plazas docentes, la portavoz ha respondido que habría que recordar "qué votaban" los diputados de Izquierda Unida "cuando se recortaban maestros, docentes y servicios educativos".

Asimismo, ha expuesto que entiende el malestar del profesorado ante la idea de que se recuperen las 19 horas lectivas o ante la "imposibilidad" de que el Gobierno extremeño pueda afrontar el pago del incremento salarial de 2 % para los funcionarios regionales.

De esta forma, Gil Rosiña ha enlazado su intervención con la reunión que este jueves mantendrá la Mesa de la Función Pública, en la que se abordará la "decisión ya tomada" por parte de la Junta de no abonar dicha subida salarial.

En este sentido, ha expuesto que los gastos de la Administración regional han aumentado en estos meses en más de 60 millones de euros como consecuencia de la pandemia y para dar respuesta sanitaria a la misma, al a vez que se han reducido "estrepitosamente" los ingresos.

"Los que gobernamos tomamos decisiones que, a veces, no gustan", ha dicho la consejera, quien entiende que un Gobierno toma decisiones atendiendo a su programa político, "pero también ante situaciones no esperadas" o "sobrevenidas", en alusión a la COVID-19.

Este Gobierno "da la cara" y es "transparente", y la pandemia "le ha dado la vuelta al programa de Gobierno y a los presupuestos de 2020", ha añadido.

 
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