03-06-2020 / 19:00 h EFE

La suspensión de los plazos procesales que trajo el estado de alarma se levantará este jueves dando paso a la vuelta de la actividad "plena" a unos juzgados donde habrá mascarillas obligadas y mamparas como medida de seguridad, además de la incertidumbre generada por el alud de casos que se avecinan.

La reactivación de la Justicia se producirá con entre un 60 y 70 % de la plantilla trabajando de manera presencial en los juzgados, que llegará al 100 % la próxima semana, a veces en inusuales jornadas de tarde para mantener las distancias de seguridad.

Desde el Ministerio de Justicia conciben la recuperación de la "actividad plena" en los juzgados como "un paso importante en la fase de reconstrucción del país" y "una pieza clave para promover la recuperación económica", según informa en un comunicado.

En algunos lugares como Cataluña, la perspectiva no es muy halagüeña: durante la pandemia se han suspendido más de 75.000 vistas y han quedado pendientes 145.000 resoluciones, según su Tribunal Superior de Justicia, que no prevé recuperar la normalidad al menos hasta 2021.

Por el momento, hasta el 30 de septiembre ya hay 24.960 señalamientos programados, de los cuales el 98 % son por la mañana y el 52 % se celebrarán en la Ciudad de la Justicia.

Más de 25.000 juicios se han suspendido en la Comunidad Valenciana, según datos oficiales de su TSJ, actualizados el 10 de mayo, lo que hace que la cifra pueda ser mayor.

Ante estas perspectivas, los operadores advierten de que será complicado recuperar el ritmo y absorber los nuevos asuntos con el mismo personal y con restricciones sanitarias en los edificios judiciales, que obligarán a espaciar las vistas para evitar aglomeraciones.

El propósito es dar prioridad a los juicios telemáticos, pese a las dudas de algunos operadores jurídicos. En las islas Baleares, por ejemplo, se intentarán evitar las actuaciones presenciales hasta septiembre, salvo que la presencia física sea inevitable.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por su parte, ha pedido dar preferencia a las vistas relacionadas con asuntos urgentes o suspendidos y compatibilizarlas con las que ya estaban programadas.

Hasta el momento, la mayoría de TSJ consultados por Efe, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial no disponen de un dato global de vistas canceladas que daría una pista de la carga de trabajo que se espera en unos juzgados saturados de forma crónica.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en la administración de justicia, ha pedido al Ministerio la cifra de los asuntos pendientes y ha denunciado precipitación en el proceso de desescalada.

El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, estimó hace unas semanas que los nuevos asuntos en el orden social aumentarán este año un 31 %, llegando al 140 % en 2021; un incremento de entre el 30 y 145 % se espera en lo civil este año; y en lo contencioso, de entre el 35 y el 125 %. Se baraja también una subida de un 246 % en concursos de acreedores este año, y de un 619 % en 2021.

 
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