05-06-2020 / 11:40 h EFE

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas e investigado a otras 56, por delitos relacionados con el fraude a la Seguridad Social, en una operación en la que han sido investigadas dos empresas asentadas en Almería y el levante de esta provincia, por defraudar casi de 30.000 euros al erario público.

Todo ello mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones, según ha explicado hoy la Comisaría de Almería en una nota, en la que también indica que entre los implicados se encuentra el administrador de las mercantiles y un testaferro.

Las investigaciones comenzaron a primeros del pasado mes de marzo, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de una persona que regentaba varias empresas asentadas en Nijar (Almería) y Almería capital, dedicadas a los sectores de la construcción, agricultura y comercio.

La labor de investigación policial concluyó que existían "indicios inequívocos", de que alguna de las personas que habían sido dadas de alta, lo habían sido de forma ficticia, sin haber realizado trabajo efectivo alguno en dichas empresas.

Para los arrestados, "la rapidez e inmediatez que genera la automaticidad de las prestaciones, fue el resquicio escogido para encontrar una debilidad en el sistema", mantiene la Policía.

Cada día de alta en el sistema, genera automáticamente una expectativa de derecho a prestaciones, y contribuye a generar el periodo de carencia necesario que, una vez producido el hecho causante de cada prestación, le convertirá en beneficiario de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, ha explicado la Policía.

Del análisis de la abundante documentación recopilada, en la operación 'Chicharrón', los investigadores descubrieron que la persona que figuraba como administrador único de las dos empresas investigadas, en realidad no era tal, sino que prestó su nombre para figurar como titular en dichas empresas, siendo el principal arrestado el verdadero administrador de las sociedades.

Entre las dos empresas, fueron afiliadas a la Seguridad Social 61 personas, de diferentes nacionalidades y con códigos de cuenta de cotización dispares como la construcción, peluquería, hortalizas y comercio al por mayor en general. Ello habría generado una deuda a la Seguridad Social de 18.406 euros en concepto de cotizaciones devengadas y no ingresadas.

Las pesquisas policiales apuntaron entonces hacia la hermana del administrador único de ambas mercantiles, quien simuló una relación laboral con una de las empresas investigadas, para así obtener una prestación por incapacidad temporal.

"Sin haber desempeñado actividad laboral alguna, la arrestada y con la anuencia de su hermano, abonó periódicamente a la Seguridad Social el importe correspondiente a su cuota de alta, para en un momento determinado, permanecer 22 meses de baja por una incapacidad temporal por contingencia común", aseveran, añadiendo que el importe de la defraudación ha alcanzado la cantidad de 10.600 euros al erario público.

En el caso de la cuarta persona detenida por esta trama, tras haber tenido relaciones laborales con otras empresas en el pasado, y "siendo conocedora de la falta de carencia necesaria para la obtención de una prestación por desempleo, acudió al administrador de hecho de ambas empresas, y le abonó la cantidad correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, por 15 días de trabajo no efectuado, ni remunerado". Ello le permitió acceder a la prestación por desempleo con carácter integro.

 
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