El CSIF, sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha denunciado que durante la desescalada en la Justicia se han detectado nuevos positivos por coronavirus en Madrid, Andalucía y el País Vasco, así como el cierre del Registro civil central y de una sección penal de la Audiencia Nacional.
Según una nota enviada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la vuelta paulatina a los juzgados y la reanudación de los plazos procesales a partir del 4 de junio se está llevando a cabo sin las medidas de seguridad y de protección a la salud adecuadas.
El CSIF remarca que está información la han obtenido a través de sus delegados sobre el terreno y no por parte del Ministerio, al que acusa de ocultar información a los sindicatos y de no seguir la normativa de prevención de riesgos laborales.
"El 9 de junio las plantillas estarán incorporadas al 100 %, pero hasta el mes de agosto el Ministerio no garantiza una mascarilla por funcionario y día y las mamparas de separación no están instaladas en su totalidad", subraya el CSIF, antes de recordar que en los espacios cerrados y mal ventilados como los juzgados la mascarilla es obligatoria.
Además de esta reivindicación, el sindicato manifiesta que el Ministerio sigue sin determinar los aforos máximos dentro de las sedes judiciales ni trasladar información sobre la medición de espacios.
Asimismo, el CSIF denuncia que Justicia sigue sin establecer protocolos de actuación para la realización de diligencias judiciales fuera de la sede de los Juzgados o para la celebración de vistas y juicios, así como para la deambulación de personas dentro de los edificios y control de entrada o para el manejo de expedientes, piezas de convicción o paquetería.
Por otro lado, el sindicato considera que el Ministerio está utilizando el estado de alarma para derogar el derecho de la libertad sindical y de la negociación colectiva.
CSIF denuncia que Justicia está ocultando sus planes a los trabajadores y que ni siquiera ha querido escuchar sus propuestas para hacer frente al reto de la reactivación de la actividad judicial y del incremento de los casos derivados del COVID-19.
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