09-06-2020 / 13:30 h EFE

Amnistía Internacional (AI) exigió hoy a Marruecos que deje de utilizar la ley de emergencia sanitaria para juzgar a activistas pacíficos pro derechos humanos y periodistas que critiquen la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus.

El pasado 22 de marzo, Marruecos decretó el estado de emergencia sanitaria como medida contra la Covid-19 y estableció las sanciones que serían aplicadas a los infractores del confinamiento: entre uno y tres meses de cárcel y/o una multa de entre 300 y 1.300 dirhams (de 30 a 130 euros).

AI lamentó que, desde su adopción, la nueva ley haya sido utilizada por las autoridades marroquíes para procesar a, al menos, cinco activistas de derechos humanos o "periodistas ciudadanos" por "incitar a violar las órdenes de las autoridades durante la emergencia sanitaria".

"Esta ley defectuosa nunca debe usarse para silenciar las voces que se atreven a criticar las medidas del Gobierno y su manejo de la pandemia. No es un delito cuestionar la respuesta del Gobierno o señalar sus deficiencias", dijo la subdirectora de AI para Oriente Medio y África del Norte, Amna Guellali.

La responsable de AI consideró que las sanciones incluidas en esa legislación son "desproporcionadas", y dados los elevados riesgos de transmisión de Covid-19 en las cárceles, las detenciones no harán sino agravar los problemas de la salud pública.

En apenas dos meses desde la adopción de la nueva ley, la Fiscalía procesó a 91.623 personas por violar esa legislación y por otros delitos. Entre los procesados, al menos 558 siguen detenidos únicamente por romper el estado de emergencia sanitaria.

Los activistas fueron detenidos por criticar la forma en que las autoridades manejaron la distribución de las ayudas para contener las repercusiones sociales del coronavirus.

Como ejemplos, la ONG citó el arresto el pasado 17 de abril de los periodistas Mohamed Bouzrou y Lahssen Lemrabti en la ciudad de Jenifra (centro) por difundir en Facebook un vídeo en el que aparece un taxista denunciando su supuesta exclusión de las ayudas estatales.

Tambiñen mencionó la detención el pasado 27 de abril, en Nador (noreste) del activista de derechos humanos Omar Nayi, que está en libertad preventiva después de pagar una fianza de 10.000 dirham (unos 900 euros).

 
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