La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, ha anunciado este martes la puesta en marcha de un plan de choque que entrará en vigor el próximo mes de septiembre para ofrecer “una salida ágil” a la acumulación de asuntos que han quedado pendientes en la administración de justicia y evitar su paralización en caso de un nuevo rebrote de coronavirus en otoño.
Vicente ha comparecido en la comisión de Presidencia de la Junta General coincidiendo con la entrada en la fase 3 de la desescalada donde, por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria, el cien por cien de la plantilla de la administración judicial está desarrollando su actividad de forma presencial.
La viceconsejera ha explicado que el Principado está trabajando “activamente” con el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado en un plan de choque para recuperar la actividad judicial.
La viceconsejera ha corroborado que el Principado está adoptando todas las medidas de protección necesarias tanto colectivas como individuales para garantizar la prestación de servicios y la salud de la plantilla y usuarios en las sedes judiciales, con la dotación de mamparas, geles, incremento de las labores de limpieza, desinfección e higienización y con la señalización de espacios para guardar las medidas de distanciamiento social.
Ha indicado que el personal de la administración de justicia está considerado como de “bajo riesgo” de exposición al contagio, salvo los forenses, por lo que no está previsto que se realicen test masivos para detectar posibles casos positivos, como le han planteado los grupos parlamentarios, ya que, ha puntualizado, es un tema que depende directamente de las autoridades sanitarias.
Situación diferente es la que se ha producido en el centro de Sograndio, ha añadido, donde se han realizado test a todo el personal y a los menores ingresados.
El Principado ha contratado un servicio auxiliar de vigilancia para controlar los accesos a las sedes judiciales con mascarilla y cita previa durante los próximos cuatro meses por un importe de 112.000 euros, según ha anunciado la viceconsejera, ante la limitación de aforo debido al protocolo de actuación, ya que actualmente de los 27 edificios judiciales existentes en Asturias tan sólo 11 tienen servicios de vigilancia y seguridad a cargo de la Guardia Civil.
Los grupos parlamentarios han trasladado a la viceconsejera su preocupación por los fallos y errores detectados al inicio de la crisis por la paralización de plazos procesales, el teletrabajo, han reclamado la realización de test a las plantillas, más información sobre el reglamento de asistencia jurídica gratuita, así como sobre la organización de turnos y cita previa.
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