El Comit de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Extremadura ha exigido al Gobierno que no elimine la partida de 1.000 millones de euros de gasto social que estaba contemplada en el fondo de 16.000 millones para que las comunidades y ciudades autnomas puedan hacer frente a los efectos del COVID-19.
La entidad se ha sumado as a la reivindicacin planteada por el CERMI Estatal durante un encuentro con sus organizaciones autonmicos, que se ha llevado a cabo para abordar las principales cuestiones que afectan al sector de la discapacidad en el camino hacia la nueva normalidad.
El Gobierno anunci este domingo a los presidentes autonmicos que el fondo de 1.000 millones para inversin social desapareca para, junto a otros 1.000 millones del gasto en sanidad, crear una partida de 2.000 millones para la educacin, ha recordado CERMI Extremadura en un comunicado.
A su juicio, "por supuesto que la educacin necesita recursos econmicos, pero estos no pueden proporcionarse detrayndolos de lo social que, con la sanidad, ha sido el sector ms castigado por la pandemia".
En su opinin, no tiene ningn sentido que se pongan en marcha estos 16.000 millones para afrontar los efectos de la pandemia y preparar la recuperacin y, en cambio, se olviden los servicios sociales y de acompaamiento a la inclusin, "siempre dbiles y que han quedado gravemente daados por la COVID-19".
Esta entidad ha incidido en que el Gobierno debe mantener esa partida de 1.000 millones y, para ello, si es preciso, el fondo extraordinario de 16.000 millones debe aumentarse, porque "si lo social no est en el centro, las personas ms vulnerables, como es el caso de muchas personas con discapacidad y sus familias, quedarn ms expuestas a las graves consecuencias de la pandemia".
En el encuentro, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Prez Bueno, ha alabado la labor de las estructuras territoriales de la discapacidad durante la pandemia y en la fase de desescalada, "haciendo muchas veces posible lo imposible gracias al esfuerzo de tantas personas".
Por otra parte, ha calificado de "hito social" la aprobacin del ingreso mnimo vital, una reivindicacin histrica del tercer sector de accin social en general y del mbito de la discapacidad en particular, aunque ha instado a que este mircoles las fuerzas polticas en el Congreso de los Diputados acepten tramitarlo como proyecto de ley para poder introducir enmiendas que mejoren el texto.
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