10-06-2020 / 2:10: h EFE

El estado de Nueva York dio este martes un importante paso, tras largos años de haberse reclamado mayor transparencia en su policía, al derogar la sección 50-a de la Ley de Derechos Civiles, que desde el año 1976 evitaba que se hicieran públicos los registros de investigaciones y acciones tomadas sobre la mala conducta de los agentes.

La acción del Senado y la Asamblea, ambas cámaras de mayoría demócrata, surgió después de la muerte del afroamericano George Floyd el 25 de mayo en Minesota a manos de un policía blanco y de las protestas que desencadenó, a veces violentas, y que se extendieron por todo Estados Unidos, incluido Nueva York, reclamando reformas en las fuerzas del orden.

En medio de las protestas, en Nueva York han surgido vídeos de policías agrediendo a manifestantes, entre ellos el de un agente que empujó a una mujer al pavimento durante una manifestación contra quien hoy se presentaron cargos, así como de otros que embistieron a la multitud con un coche patrulla.

En ambas cámaras legislativas del estado se presentaron proyectos de ley la pasada semana con miras a una mayor transparencia de los uniformados que esta semana han comenzado a ser aprobados, lo que ha facilitado el dominio demócrata en las dos por primera vez en diez años.

"En todo el país existe una sensación compartida de enojo y frustración por la muerte de otro hombre negro desarmado a manos de las fuerzas del orden", dijo tras la votación el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, quien subrayó que esa acción legislativa proporcionará mayor transparencia.

La 50-a se adoptó en 1976 para evitar que los abogados defensores utilizasen los registros internos en el interrogatorio de policías que son testigos durante procesos penales, y durante años grupos que reclaman reformas en la corporación policial neoyorquina han luchado por su derogación, a lo que se han opuesto sindicatos y otros representantes de los agentes.

La ley cobijó también a bomberos y funcionarios de las cárceles para mantener en secreto sus registros a menos que un juez ordenara lo contrario, pese a la existencia de la Ley de Libertad de Información (FOIL por siglas en inglés).

"Por mucho tiempo, un manto de secreto ha generado desconfianza entre el público y la policía en sus comunidades. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son empleados del gobierno y, por lo tanto, el público tiene derecho a conocer los registros disciplinarios y su historial", indicó por su parte el asambleísta Daniel O'Donnell, promotor del proyecto aprobado en la cámara baja.

Por su parte, el senador Jaamal Bailey, que presentó la medida equivalente en la cámara alta, destacó que la esencia de un buen gobierno es la transparencia y la responsabilidad.

"Nuestro país está en una encrucijada cuando se refiere a las relaciones de la comunidad con la policía. Este proyecto aumenta considerablemente la transparencia deseada por tanto tiempo por el público", aseguró.

Durante cuatro décadas la ciudadanía no ha podido tener acceso a la información sobre mala conducta de policías que se han mantenido en sus puestos, como ocurrió en Nueva York con el agente Daniel Pantaleo.

En 2014 Pantaleo aplicó una llave de estrangulamiento al afroamericano Eric Garner, que le causó la muerte por asfixia, y solo por información filtrada a la prensa se conoció que tenía un pasado de acusaciones de mala conducta.

El proyecto aprobado este martes pasará a ser firmado por el gobernador Andrew Cuomo, que se manifestó a favor de cambios en la 50-a a raíz de que un vídeo mostrara una conducta improcedente de policías durante manifestaciones por la muerte de Floyd.

Nueva York y Delaware son los únicos estados de EE.UU. que han impedido la divulgación de los registros policiales internos.

Los sindicatos que agrupan a policías y funcionarios de prisiones han defendido por años la 50-a alegando que es una cuestión de seguridad que los protege de represalias, a pesar de que la Ley de Libertad de Información permite a las agencias gubernamentales una amplia discreción para bloquear la divulgación de información personal, como los domicilios, que pudiera ponerles en peligro.

 
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