11-06-2020 / 15:32 h EFE

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal formada por 6 personas, cuatro ya detenidas, y que se dedicada a la compraventa fraudulenta de vehículos de alta gama, una operación que arrancó en una gestoría de Granada y se ha extendido a provincias como Madrid, Albacete, Sevilla o Ciudad Real.

Según ha informado en un comunicado este cuerpo armado, la denominada "Operación Chasis" ha permitido acabar con una organización dedicada al fraude en la compraventa intracomunitaria de vehículos de alta gama importados desde Alemania.

En esta operación se ha investigado a un grupo criminal formado por seis personas acusadas de los delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental, estafa y pertenencia a organización criminal.

Tres han sido detenidas, un cuarto miembro del grupo ya se encontraba en prisión por otros hechos y sobre otras dos personas se siguen las pesquisas para su localización ya que, por el momento, se encuentran en paradero desconocido.

La operación comenzó con una reclamación realizada por la Agencia Tributaria a un vecino de Almería que descubrió que la organización había matriculado a su nombre vehículos, delito que denunció ante la Policía Nacional, que abrió una investigación centrada en una gestoría de Granada implicada en la causa.

La dinámica utilizada por la organización consistía en comprar vehículos de alta gama en el mercado de segunda mano alemán, generalmente coches con menos de un año de antigüedad adquiridos mediante empresas vinculadas o de terceros y con un régimen especial de IVA, lo que conllevaba una menor tributación.

De esta manera conseguían introducir los vehículos en España eludiendo, de manera fraudulenta, una tributación importante que podía llegar a suponer un 21 % del valor del vehículo.

Una vez en España, los vehículos se matriculaban a través de segundas sociedades relacionadas con la compraventa de vehículos y se ponían a nombre de personas a las que robaban la identidad, delito que cometieron incluso contra un niño de dos años.

La organización habría obtenido mayores beneficios al matricular los vehículos en España mediante la presentación de facturas falsas, una actividad que generaría un fraude de entre 2.000 a 12.000 euros por cada coche.

Posteriormente y tras varias transferencias de titularidad, se daba apariencia de regularización a la situación tributaria del coche y cuando la Agencia Tributaria reclamaba las cantidades impagadas al titular del vehículo, era alguien a quien le habían robado la identidad.

Una vez matriculados los vehículos en España, la organización los vendía a particulares a un precio muy competitivo que superaba con creces el valor inicial de adquisición.

Las distintas fases de la investigación, centralizada en Granada, han requerido gestiones en las provincias de Madrid, Sevilla, Córdoba, Almería, Toledo, Ciudad Real y Albacete.

 
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