11-06-2020 / 16:41 h EFE

La Administración central, las Comunidades Autónomas (CCAA) y los Ayuntamientos han acordado este jueves reformar el Estatuto Básico del Empleado Público en un plazo de dos meses para impulsar el teletrabajo y reducir la temporalidad.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha presidido por videoconferencia la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, a la que han asistido los responsables de Función Pública de todas las CCAA, de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los representantes de las tres Administraciones Públicas han acordado impulsar la reforma del Estatuto del empleado público para adaptarlo a las condiciones sociales y económicas actuales, y la ministra ha resaltado que hay que aunar esfuerzos "para ser más fuertes y afrontar el futuro con esperanza... sin dejar a nadie atrás".

Los responsables de Función Pública han coincidido en que hay que regular el teletrabajo porque ha sido una herramienta útil durante la emergencia sanitaria y coinciden en que facilita la conciliación de la vida personal, profesional y familiar, además de contribuir a la reducción del impacto medioambiental.

También han resaltado la importancia de la tramitación electrónica de procedimientos y en aumentar la inversión en tecnologías de la información y en mejorar las competencias digitales del personal.

En esta materia, el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha recordado que el teletrabajo no es solo un desafío tecnológico, también organizativo, que debe satisfacer tanto al personal como a la organización.

Así le ha pedido a Darias, que cuando vaya a "retocar", como ha anunciado, el Estatuto Básico del Empleado Público para regular el trabajo no presencial, lo haga en “un perímetro acotado a lo imprescindible, lo esencial, de mínimos”. "Que, en ningún caso, sea expansiva porque ya las bases del Estado en materia de Función Pública, en general, son demasiado amplias y dejan poco margen a la regulación propia", ha precisado.

Erkoreka también ha solicitado que lo que se vaya a regular en esta materia “sea riguroso, serio y consistente” teniendo en cuenta que no se está ante un reto tecnológico de disponibilidad de ordenador y conexión en el domicilio, sino ante un trabajo que hay que organizar y evaluar para que sea, de verdad, eficiente y efectivo. En este sentido, ha dicho que muchas autonomías, como Euskadi, ya tienen regulación específica en materia de teletrabajo que el Gobierno español debería tener en cuenta.

Erkoreka ha recordado, según una nota difundida por su departamento, que a fecha de hoy el 30 % de la plantilla de la Administración General de Euskadi continúa trabajando de manera telemática y el 70 % presencial, y ha agradecido el trabajo desempeñado por el personal público vasco en los momentos más duros de la pandemia por el coronavirus, cuando la actividad presencial bajó al 20 %.

En cuanto a la temporalidad del empleo público, la conferencia sectorial ha acordado abordar nuevos procesos de estabilización y de control para evitar que se generen nuevas bolsas de empleo temporal.

"Es el momento de abordar una revisión de la normativa básica estatal para reformular o endurecer las consecuencias del incumplimiento de las previsiones normativas en materia de control de la temporalidad", ha añadido el Ministerio de Política Territorial en nota de prensa.

 
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