11-06-2020 / 16:50 h EFE

UGT ha iniciado una recogida de firmas para sumar apoyos a un documento con el que pedirá al Defensor del Pueblo Andaluz que impida el recorte presupuestario planteado por la Junta a las universidades públicas, 135 millones menos de inversión que el sindicato cree que afectan a derechos fundamentales.

En un comunicado, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha informado de una campaña de recogida de firmas para instar al Defensor del Pueblo Andaluz a actuar contra los recortes del presupuesto a las universidades anunciados por la Junta.

El sindicato ha calificado de tropelía la reducción de la inversión, ha argumentado que supondría una insuficiencia financiera que no dejaría a las universidades ejercer sus funciones y que este proceso afectaría a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para acceder a una educación superior.

Según UGT, la Junta ha aprovechado la situación provocada por la pandemia para efectuar un recorte en las universidades públicas andaluzas que asciende a 135 millones de euros del gasto corriente y al que hay que sumar 125 millones de euros más procedentes del plan extraordinario de infraestructuras, 260 millones en total.

"Para el Gobierno andaluz parece que la educación universitaria no es bien público esencial en el bienestar e igualdad de oportunidades de los ciudadanos andaluces", ha criticado el sindicato, que ha calificado de injustificado, desproporcionado y extraordinariamente lesivo el recorte previsto.

El documento de adhesiones que enviarán al Defensor del Pueblo Andaluz para pedirle que impida un recorte presupuestario, al que ha tenido acceso Efe, recuerda que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía blindan el derecho a la educación y a la elección del centro.

El sindicato ha apuntado además que la universidad no solo es un bien público, "es la mejor forma de modernizar y dinamizar económicamente a la sociedad, para que abandone la exclusividad del sector servicios, la estacionalidad, la temporalidad laboral, la precariedad salarial y para que siga funcionando como un ascensor social", ha destacado UGT.

 
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