11-06-2020 / 19:00 h EFE

Los cuatro representantes de las defensas y de las acusaciones en el caso del asesinato de Naiara, la niña de 8 años muerta en Sabiñánigo el 6 de julio de 2017 tras sufrir horas de torturas por su tío político, Iván P.P., han vuelto a solicitar a la Audiencia de Huesca el aplazamiento de la vista con jurado debido al riesgo derivado de la actual situación.

En esta ocasión, según han informado a Efe fuentes judiciales, la petición ha partido del representante legal de la acusación en nombre del padre biológico de la niña, el letrado Marcos García Montes, con un recurso ante la decisión del tribunal de rechazar la primera solicitud de suspensión de los abogados.

En su recurso, al que se han adherido la acusación en nombre de la madre de la menor y de las dos defensas, García Montes alega a diversos problemas de salud para advertir de la imposibilidad de desplazarse a la capital altoaragonesa sin riesgos a causa del covid-19.

Aunque el inicio del juicio estaba señalado inicialmente para el pasado 25 de mayo, el tribunal oscense acordó, a la vista de la declaración del estado de alarma, fijar una nueva fecha a partir del 29 de junio.

La petición inicial de los cuatro letrados fue rechazada por la Audiencia de Huesca en una providencia en la que contestaba que el decreto de prórroga del estado de alarma del pasado 22 de mayo contempla el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir de la fecha del 4 de junio.

El tribunal admitía la posibilidad de un recurso de súplica contra esta decisión, aunque advertía al tiempo de que, en cualquier caso, "se llevará a efecto lo acordado", con las medidas de seguridad sanitaria necesarias para la celebración del juicio.

A la vista del recurso, la Audiencia de Huesca deberá de revisar la petición de suspensión de la vista y valorar las alegaciones hechas por los letrados, dado que la fiscalía decidió dejar en manos del tribunal la decisión final.

En su primer escrito, los letrados consideraban "inviable" el inicio de una vista sin la existencia de garantías sanitarias para las alrededor de treinta personas, entre ellas los nueve miembros del jurado popular encargado de enjuiciar el caso, que se congregarían en sesiones de más de cinco horas diarias, tanto de edad avanzada como menores.

 
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