El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha mostrado este sábado su temor a que la convalidación en el Congreso del decreto ley que el Gobierno prevé aprobar el martes para habilitar el fondo de 16.000 millones para las comunidades por la crisis de la COVID-19 pueda perjudicar a Asturias en caso de que se modifiquen alguno de los criterios de reparto.
En rueda de prensa, Barbón, que ha eludido hacer estimaciones sobre la cuantía que podría recibir el Principado, ha advertido de que la situación "tan abierta" que existe en la Cámara puede "beneficiar o perjudicar a Asturias" por lo que ha pedido a los partidos de la región con representación en el Congreso que defiendan los intereses de la comunidad autónoma.
A su juicio, en la negociación abierta entre el Gobierno y las comunidades autónomas para distribuir esas partidas, Asturias ha conseguido "mejorar sensiblemente" su posición al retocarse criterios a tener en cuenta como la sustitución de la población total por la de población protegida o al computar el nuevo de pruebas PCR realizadas y no solo el número de positivos registrados.
El Gobierno prevé empezar a repartir este mes el primer tramo del fondo, destinado a compensar el impacto de la crisis sanitaria, en el que se tendrán en cuenta especialmente las hospitalizaciones y los ingresos en la UCI por encima de la población protegida equivalente.
De los 16.000 millones movilizados por el Gobierno central, 9.000 se destinarán a compensar el gasto sanitario en dos tramos, uno de 6.000 millones que se abonará en julio y otro de 3.000 millones, en noviembre.
En el primer tramo, la población equivalente protegida por grupos de edad tendrá el mayor porcentaje, un 35%, aunque la suma de los dos criterios de hospitalización será del 55%.
Así, se repartirá el 30% según los casos de coronavirus notificados hasta el 30 de abril que han precisado ingreso en UCI y el 25% según los casos que han necesitado hospitalización hasta esa fecha y el 10% restante se repartirá según el número de pruebas PCR realizadas.
Para el segundo tramo de 3.000 millones, el reparto se hará según estos criterios: el 45% según la población protegida equivalente por el Sistema Nacional de Salud y por grupos de edades; el 25% según el número de casos con UCI que se registren hasta el 31 de octubre de este año; el 20% de hospitalizados hasta ese mismo día y el 10 por ciento según las PCR hechas.
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