15-06-2020 / 15:12 h EFE

Compromís considera un "ataque al autogobierno" valenciano la sentencia del Tribunal Supremo que anula parte del decreto de la Generalitat Valenciana que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales, mientras que la Federació Llull (Acció Cultural, Òmnium cultural y OCB) avisa de que "impide cualquier avance hacia la igualdad lingüística".

La diputada de Compromís en Les Corts Valencianes Nathalie Torres ha lamentado este lunes que, desde el punto de vista institucional, la sentencia "pasa por encima" de las competencias del Gobierno valenciano, como determinar el régimen de oficialidad de las lenguas, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Española.

Para Torres, además, desde la perspectiva política, la sentencia "constituye un atropello en toda regla de los derechos de los valencianohablantes".

"Tanto en un caso como en el otro –ha añadido la diputada de Compromís– la sentencia contradice la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional sobre la identidad del valenciano y obvia, a todas luces, el dictamen de la Academia Valenciana de la lengua al respecto", ha añadido.

A su juicio, "este ataque a nuestro autogobierno debe conllevar la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por parte del Consell".

Por su parte, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Òmnium Cultural (OC) y Obra Cultural Balear (OCB), que conforman la Federació Llull, han lamentado que la decisión del Tribunal Supremo ataca la voluntad del Decreto de la Generalitat de "avanzar en la igualdad lingüística" en el ámbito del institucional y "acabar con la discriminación histórica" del valenciano.

Recuerda que este decreto recibió el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios en Les Corts y "de todas las entidades y organizaciones" que trabajan por "la dignificación" de esta lengua.

En la práctica, añade, el Tribunal Supremo "restringe el autogobierno, impidiendo de este modo cualquier avance hacia el objetivo de la igualdad lingüística" porque "niega al valenciano el carácter de lengua propia del pueblo valenciano y la subordina de hecho al castellano, obviando que este disfruta de una situación de privilegio heredada de siglos".

La Federació Llull pide ante esta situación "la aprobación de una nueva ley de igualdad lingüística que dé la cobertura legal que hoy no existe para poner fin a la discriminación de los valencianohablantes y para asegurar el uso normal de la lengua propia y la cooperación con el resto de la comunidad lingüística catalana".

Asimismo, cree "imprescindible" la concreción de dos medidas efectivas y "perfectamente posibles" si, añade, "realmente hay voluntad política que permitirían avanzar en la misma dirección", como son la entrada del Gobierno valenciano en el Institut Ramon Llull y la reciprocidad de las emisiones de TV3, IB3 y À Punt.

 
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