La consellería de Interior y los Mossos d'Esquadra han cambiado de destino a seis agentes del área de recursos operativos investigados por un juez de Manresa (Barcelona) por proferir presuntamente insultos racistas a un joven, al que en 2019 llamaron "mono" y "negro de mierda".
Este supuesto caso de racismo en la policía catalana se ha destapado este lunes después de que la entidad SOS Racismo haya hecho público un audio en que se escucha presuntamente a un agente de los Mossos profiriendo insultos racistas a un joven -que lo grabó con su móvil- el 10 de enero de 2019 en Sant Feliu Sasserra (Barcelona), durante un desahucio.
Por este caso, el juzgado de instrucción 5 de Manresa (Barcelona) abrió en febrero de 2019 una investigación contra los seis agentes de la policía catalana que intervinieron en el incidente, por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Tras tener conocimiento hoy del audio de este episodio, el conseller de Interior, Miquel Buch, y el director de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, han acordado de manera inmediata como medida cautelar cambiar de destino a los seis agentes, que hasta ahora ejercían en la unidad de recursos operativos (ARRO), que refuerza dispositivos de orden público.
Fue la víctima, de nombre Wubi, quien grabó el incidente, en que además de ser objeto de insultos y amenazas del tipo "la próxima vez que veas a la policía corre, pero intenta irte más lejos de África", denuncia que fue escupido y pateado.
"Por favor, dejadme en paz, que soy un humano como vosotros", dice Wubi en un momento, a lo que un agente contesta: "No eres humano, tú eres un mono. Negro de mierda". El propio policía reconoce más tarde: "Soy racista, mucho".
En un comunicado, la consellería de Interior y los Mossos d'Esquadra han anunciado este lunes que Buch y Ferrer han acordado la aplicación inmediata como medida cautelar del cambio de destino de los agentes implicados en este episodio, que siguen en activo, a la espera de la resolución judicial del procedimiento abierto en Manresa.
Los seis agentes fueron citados como investigados en el juzgado en octubre del pasado año y se acogieron a su derecho a no declarar en este procedimiento, que sigue abierto pendiente de practicar más diligencias.
Según Interior, cuando los Mossos tuvieron conocimiento de este caso, a raíz de una queja de la madre del joven, se abrió una investigación interna y un representante de la comisaría general de relaciones institucionales, prevención y mediación se reunió con los familiares del chico.
La investigación abierta por la División de Asuntos Internos (DAI) se detuvo, como es preceptivo, cuando el juez de Manresa abrió una investigación por estos hechos, por lo que se está a la espera de la resolución judicial para proseguir con el expediente interno.
El departamento que lidera Miquel Buch ha mostrado este lunes su rechazo a cualquier actuación basada en criterios discriminatorios y ha reiterado el compromiso de los Mossos de garantizar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos.
En este sentido, los Mossos d'Esquadra han resaltado que forman permanentemente a los agentes y trabajan coordinadamente con entidades y organizaciones que velan por garantizar los derechos de las personas más vulnerables y defender una sociedad libre de racismo y xenofobia.
A raíz de este caso, el conseller Buch y el director de los Mossos han pedido comparecer ante el Parlament para informar sobre las actuaciones y las políticas de no discriminación impulsadas por los Mossos d'Esquadra.
Tras ese episodio, Wubi fue puesto a disposición judicial en calidad de denunciado por un delito contra la salud pública ante el juzgado número 5 de Manresa, un procedimiento finalmente archivado, según SOS Racismo.
La familia de Wubi y la abogada y técnica del Servicio de Atención y Denuncia de SOS Racismo Marilda Sueiras llegaron a mantener una reunión con el comisario Josep Codina en la que, según la versión de SOS Racismo, éste afirmó que "no se podía emprender ninguna actuación contra los agentes mientras el procedimiento penal siguiera en curso".
La entidad sostiene que este episodio demuestra que faltan "mecanismos de control" para frenar la "impunidad, racismo y corporativismo policial" imperantes.
Señala asimismo que su Servicio de Atención y Denuncia ha recogido desde 1999 un total de 571 casos de racismo policial, pero que solo en cuatro ocasiones estos han conllevado condenas penales, "y en ningún caso se ha reconocido el racismo".
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