Mientras Girona y la Catalunya Central han estrenado este lunes la fase 3 de la desescalada, el Govern ha pedido al Ministerio de Sanidad que Barcelona y su área metropolitana y Lleida también avancen el jueves a esta última fase, con lo que Cataluña recobrará la movilidad en todo su territorio tres días antes de que finalice el estado de alarma.
La decisión de que Barcelona y Lleida pasen a la última fase de la desescalada sin esperar a que finalice el estado de alarma se ha adoptado tras analizar los datos epidemiológicos que evidencian que las regiones sanitarias de Barcelona y su área y Lleida presentan un riesgo bajo de contagios.
El próximo miércoles está previsto que se celebre una reunión bilateral entre el Ministerio y la Generalitat donde probablemente se acordará autorizar este avance de fase, lo que conllevaría la movilidad total entre todas las regiones sanitarias de Cataluña puesto que todo el territorio ya estaría en fase 3.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que la semana pasada mostró su enfado con Salud por no proponer que Barcelona pasase a fase 3 hoy, ha confiado en que este progreso se haga puesto que los indicadores epidemiológicos de la ciudad son tan buenos como los de otras regiones sanitarias que están en fase 3.
Colau defiende el avance a la última fase de la desescalada para que los muchos barceloneses que tienen planificado desplazarse con motivo del puente de San Juan puedan hacer sus planes y avanzar su salida de la ciudad durante el fin de semana.
La consellera de Salud, Alba Vergés, ha asegurado que su intención, cuando toda Cataluña pase a fase 3 el jueves y se entre el próximo lunes en la "nueva normalidad", es "regular esta nueva realidad con ánimo de no regular excesivamente, para hacer las cosas más sencillas para todo el mundo".
Con el fin del estado de alarma el domingo 21, todas las CCAA recuperarán todas las competencias y podrán regular en materia de salud pública lo que consideren conveniente.
Vergés, en declaraciones a TV3, ha reconocido que ya están evaluando como gestionar la celebración de la Diada del próximo 11 de septiembre, y ha advertido: "Cuando empiecen a llegar turistas extranjeros a Cataluña habrán casos importados y eso quiere decir que tenemos que tener mucha vigilancia y poder detectar a los viajeros si dan positivo y poderlos poner en cuarentena".
También ha advertido que se están preparando para la llegada de una posible segunda ola de covid en otoño, que podría aumentar el número de víctimas del coronavirus, que hasta hoy ha causado ya la muerte de 12.457 personas en Cataluña.
Mientras la alcaldesa de Barcelona ha defendido que mantener las playas cerradas durante la próxima verbena de San Juan, cosa que también harán otros municipios, como Badalona o Sitges, "es lo más responsable", el sindicato UGT ha convocado hoy una nueva jornada de protestas ante ambulatorios y hospitales contra la decisión de que la paga de gratificación a los sanitarios se haga por categorías.
El sindicato ha criticado que el Govern haya "demostrado que olvida a una parte de los profesionales de primera línea", y al "personal no asistencial", por cómo distribuye la gratificación por el sobresfuerzo durante la pandemia y por eso ha enviado una carta a Vergés en la que censura el "clasismo" de esta paga extra.
Cientos de trabajadores sanitarios se han concentrado a las doce del mediodía de hoy en numerosos ambulatorios y hospitales secundando esta protesta.
Para no ser acusado de lo mismo, el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha rectificado y concederá una paga de 900 euros a todos los trabajadores de residencias de ancianos y de personas con discapacidad que hayan realizado atención directa durante la pandemia con independencia de la categoría profesional y del numero de plazas públicas del centro.
Por su parte, los decanos de las ocho facultades de Medicina de las universidades catalanas públicas y privadas han reivindicado la necesidad de mantener las prácticas clínicas presenciales porque creen que no se puede formar a los futuros médicos "a distancia".
En el ámbito educativo, el sindicato USTEC ha pedido presencialidad, seguridad y respeto a los derechos de los docentes para el próximo curso, y para ello ha propuesto contratar a 44.500 profesores para desdoblar grupos, rebajar horario lectivo y de permanencia en el centro y que los especialistas sigan impartiendo sus materias.
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