17-06-2020 / 14:10 h EFE

El reparto del Fondo Extraordinario Covid-19 dotado con 16.000 millones decidido por el Gobierno central podría privar a Euskadi de entre 100 y 200 millones al haber sido excluida junto con la otra autonomía con régimen fiscal propio -Navarra- de uno de los tramos de ayudas.

El Ejecutivo español aprobó ayer un real decreto sobre las reglas para distribuir este fondo y en él se establece que Euskadi participará en el reparto de 11.000 millones, pero no en los 5.000 millones destinados a compensar la caída de la recaudación porque tiene su propio sistema fiscal.

La exclusión del País Vasco de este tramo de ayudas podría suponer que el Gobierno autonómico contara con entre 100 y 200 millones menos, según las primeras estimaciones del Departamento de Hacienda y Economía.

El Departamento de Pedro Apiazu ya expresó ayer su "rotunda disconformidad con el planteamiento unilateral" del gabinete de Pedro Sánchez y reclamó una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para abordar esta cuestión "de forma bilateral".

Hoy el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado "un enfado, entre el 0 y el 10, de 10" por el hecho de que la Comisión Mixta no se haya convocado con anterioridad y ha vuelto a pedir una reunión, no tanto para reclamar la participación en esos 5.000 millones, sino para que "se replantee la capacidad de endeudamiento y el incremento del objetivo de déficit de Euskadi para compensar esa no financiación y la caída de la recaudación".

También ayer el Consejo de Ministros autorizó a las tres comunidades autónomas que terminaron 2019 con superávit -Euskadi, Navarra y Canarias- a gastar esos fondos para hacer frente a los gastos extraordinarios que les ha ocasionado la pandemia de coronavirus. En el caso vasco el superávit alcanzó los 328 millones de euros.

La posibilidad de gastar superávit ya existía en ejercicios anteriores condicionada siempre a que fueran inversiones sostenibles y, de hecho, Euskadi utilizó 54 millones en 2018 y 100 el año pasado. No obstante, la medida aprobada ayer por el Gobierno central flexibiliza los trámites ya que ahora no se requiere una justificación tan exhaustiva, han explicado fuentes del Ejecutivo de Urkullu.

El Gobierno Vasco ve con buenos ojos la medida porque reducirá la necesidad de recurrir al déficit al permitir hacer uso de un dinero del que ya se dispone, han señalado las mismas fuentes.

 
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