18-06-2020 / 12:02 h EFE

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este jueves que sancionará al fondo buitre Azora Gestión Inmobiliaria SL "por no cumplir con la obligación" de poner en alquiler 20 pisos protegidos, situados en el bloque de la plaza de Alfonso Comín, 11-12.

Según ha informado el consistorio mediante un comunicado, Azora adquirió este bloque con viviendas de protección oficial en el año 2010 y la infracción que ha cometido se define como "muy grave", por lo que la multa que se le imponga puede oscilar entre los 90.000 y los 900.000 euros.

En concreto, el bloque de viviendas, con 66 pisos y 111 plazas de aparcamiento no vinculadas a estos pisos, fue una promoción de la sociedad REGESA que se construyó "para el alquiler y con protección oficial" y que "durante los primeros diez años, hasta julio de 2018, se mantuvo en régimen general".

A partir de entonces, indica el ayuntamiento en su comunicado, el bloque de viviendas "pasó al régimen de precio concertado", que tiene una duración de 90 años.

El gobierno municipal se apoya en la ley 18/2007 que considera, según el propio comunicado, "un incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda de protección oficial que esta no se destine a residencia habitual y permanente de personas".

"A diferencia de los pisos convencionales, que solo pueden estar vacíos sin justificación durante dos años, en el caso de los pisos protegidos el período máximo es de tres meses", añade la norma.

Pero el consistorio ha detectado, mediante el consumo de agua, que estas viviendas propiedad de Azora han permanecido vacías durante los años 2016, 2017 y 2018.

La nota de prensa explica que el gobierno municipal tuvo conocimiento de los hechos a principios de 2019 debido a denuncias de los vecinos y al plan de inspección del parque de vivienda protegida de la ciudad, que funciona desde diciembre de 2017 "precisamente para detectar y corregir anomalías en el uso del parque residencial privado que todavía conserva la protección oficial".

A través de este plan se han inspeccionado ya 3.550 viviendas de este tipo y se han incoado 115 expedientes, más otros 73 casos en que se han abierto diligencias previas.

 
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