30-06-2020 / 13:20 h EFE

La Comisión Europea (CE) adoptó este martes un reglamento para desplegar pequeñas antenas para redes de 5G, con límites de exposición para la población 50 veces más bajos de lo que la evidencia científica internacional "sugeriría que tiene algún potencial efecto sobre la salud".

Su impacto visual y estético debe ser mínimo, bien siendo invisibles o montándose de manera que su estructura de soporte no resulte obstruyente, y las autoridades nacionales mantendrán la supervisión de su instalación, indicó el Ejecutivo comunitario.

"Las redes inalámbricas 5G representan un pilar del desarrollo socioeconómico para Europa, ya que permitirán nuevos servicios en salud y cuidado, energía, transporte, educación y muchas otras áreas", declaró en un comunicado el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

La importancia de estas redes, agregó el comisario, es "aún más evidente hoy, ya que desempeñarán un papel clave en nuestra recuperación de la crisis del coronavirus".

Estas redes de quinta generación son uno de "los componentes básicos más importantes de nuestra economía y sociedad, ya que ayudará a optimizar los procesos de producción y permitirá innovaciones en telemedicina, ciudades inteligentes y gestión de energía limpia, entre otros avances", añadió.

El reglamento, que busca eliminar "barreras administrativas restrictivas", establece los criterios físicos y técnicos de los puntos de acceso inalámbrico de área pequeña, o antenas pequeñas, que son "cruciales para el despliegue oportuno de redes 5G que brindan alta capacidad y mayor cobertura, así como velocidades de conexión avanzadas".

Estos deben "garantizar la protección de la salud y la seguridad de las personas, adhiriéndose a los estrictos límites de exposición de la UE, que, para el público en general, son 50 veces más bajos que lo que la evidencia científica internacional sugeriría que tiene algún potencial efecto sobre la salud, indicó la Comisión.

El reglamento es el resultado de la nueva normativa de telecomunicaciones de la UE, que entró en vigencia en diciembre de 2018 tras varias consultas públicas, abiertas también a la ciudadanía.

 
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