30-06-2020 / 13:51 h EFE

Asaja-Castilla y León ha defendido el acierto del decreto de simplificación administrativa de la Junta de Castilla y León, y calificado de "demagógicas" las criticas a unas medidas que simplifican y agilizan las iniciativas empresariales y "no reducen" los requisitos ambientales para las macrogranjas.

Asaja-Castilla y León ha expresado este martes en un comunicado su apoyo al Decreto-Ley sobre impulso y simplificación de la actividad administrativa convalidado la semana pasada por las Cortes de Castilla y León.

La organización agraria defiende que esta normativa servirá "para agilizar iniciativas empresariales que dinamicen la economía en un momento crítico", ya que supondrá una reducción de cargas administrativas y de los tiempos de tramitación, que "muchas veces bloquean proyectos de emprendimiento muy necesarios en el medio rural".

Por ello, su presidente, Donaciano Dujo, se ha mostrado "muy sorprendido" por las críticas que está recibiendo este decreto desde algunos sectores que lo ven como una herramienta para dar vía libre a la instalación de proyectos industriales de gran tamaño como las macrogranjas.

Asaja considera que estas críticas son "demagógicas", porque los cambios que introduce la nueva norma "son irrelevantes" y ofrece una seguridad jurídica al sector al modificar determinados aspectos de Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León siguiendo las pautas marcadas por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia.

Y por otra parte, se pasan al régimen de comunicación ambiental determinadas actividades e instalaciones que actualmente se incluyen en el régimen de licencia ambiental, siempre que no estén afectadas por la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Según explica Asaja cualquier explotación con más de 2.000 cerdos de cebo, más de 750 cerdas madres, o en avicultura 40.000 aves, que quiera instalarse en Castilla y León tiene que atenerse a lo establecido en el Decreto 4/2018, que marca la obligación imprescindible de contar con autorización ambiental previa "cuya obtención supone un proceso muy riguroso y garantista que de hecho muchas veces obliga a retirar el proyecto".

Por eso insiste en que este "ajuste" normativo supondrá "la reducción de cargas administrativas y disminución de tiempos de tramitación, sin menoscabo de la protección del medio ambiente" y precisa que podrían optar a esta vía instalaciones agroalimentarias, como queserías, bodegas, galleteras, conserveras, además de instalaciones de ganadería extensiva que en lugar de ir por la vía de la licencia ambiental, más larga y exhaustiva, podrán ponerse en marcha mediante comunicación ambiental.

Por ello Asaja critica que se esté "confundiendo" a la población y "criminalizando" la actividad ganadera asegurando que ahora mismo, montar una granja de menos de 2.000 plazas de cerdos de cebo (el límite para necesitar ya autorización ambiental) es inviable para un ganadero que quiera vivir únicamente de ese trabajo.

También ha recordado que el sector porcino es de los más regulados, además de "puntero en inversiones y sistemas productivos óptimos en sanidad, calidad y sostenibilidad" por lo que ha pedido "coherencia" a los partidos políticos para apoyar medidas que faciliten la actividad ganadera.

 
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