30-06-2020 / 15:31 h EFE

El director de la unidad de salud medioambiental pediátrica del hospital Virgen de la Arrixaca, Juan Antonio Ortega, ha pedido este martes ante la Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional que la comunidad legisle en salud ambiental y en protección del medio ambiente pensando en los menores con el fin de tener una región “productiva”.

En este sentido, el pediatra ha señalado que las principales amenazas en la salud ambiental que se enfrentarán los niños murcianos serán el cambio climático, la contaminación del suelo, la malnutrición, la calidad del aire, la calidad de las aguas, las adicciones a las drogas y al juego o la falta de contacto con la naturaleza, entre otras.

Así, el director de esta unidad sanitaria ha pedido a los grupos parlamentarios que legislen para construir un modelo de sociedad que solucione estos problemas.

Durante su comparecencia, el pediatra ha indicado que los grupos deberían afrontar los importantes retos en la región, entre ellos que un 90% de la población respira una mala calidad del aire, que sólo tiene un 3% de sus existencias de agua en superficie, que una de cada diez mujeres embarazas respira humo ambiental de cannabis sin necesidad de fumar o las adiciones al juego de menores, entre otros.

Ortega también ha anunciado que por cada euro que se invierta en salud para niños se obtendrán 8 euros de retorno.

Además, el experto ha considera que la descontaminación de zonas como el Mar Menor o la Sierra Minera es una “responsabilidad” que la comunidad no puede “eludir”, por lo que debería darle una solución con un marco básico de legislación ambiental.

En la comparecencia, Ortega ha instado también a la comunidad a que ponga en marcha programas de salud y ambiente al igual que la Unión Europa está desarrollando un Plan de Acción en Salud y Ambiente y el Gobierno central redacta un borrador de normativa sobre salud y ambiente.

Por otra parte, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, Santiago Manuel Álvarez, que también ha comparecido en la comisión, ha considerado que el Gobierno regional aprovecha el decreto-ley de mitigación del impacto socioeconómico del Covid-19 en medio ambiente para modificar y "empeorar" conceptos ambientales.

En concreto, el profesor ha dicho que esta norma, que se está tramitando como proyecto de ley, exige 20 años desde que se deja de laborear un cultivo para considerarlo monte, mientras la anterior legislación establece el plazo en 10 años.

Asimismo, Santiago Manuel Álvarez ha indicado que el decreto ley tiene una “insuficiencia absoluta” de medios materiales y humanos para ponerla en marcha, como ha pasado en otras ocasiones en la región desde 2009, poniendo como ejemplo la ley de protección ambiental, que tampoco tenia un presupuesto.

Además, el docente ha reprochado que la comunidad autónoma no tiene desde 2007 una consejería específica sobre medio ambiente, por lo que no tiene "una dirección política específicamente dedicada al medio ambiente, siendo innegable que la gestión medioambiental es un contrapeso a otras políticas”.

 
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