01-07-2020 / 16:02 h EFE

Los agentes económicos y sociales aceptan en su mayoría la restricción a la circulación de vehículos contaminantes, siempre que haya incentivos a los más desfavorecidos para su renovación y se pueda garantizar la distribución de mercancías, según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre el Plan A de calidad del aire de Madrid.

El plan fue puesto en marcha por la exalcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid) con medidas como Madrid Central, el área de bajas emisiones en el centro de la capital en la que se restringe el tráfico de vehículos sin distintivo ambiental.

Medidas como esa son las que analiza este estudio llevado a cabo por el Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de la Politécnica, y en el que durante la fase de encuesta participaron 28 agentes -64 % privados, 29 % públicos y 7 % asociaciones-, indican a Efe desde la Universidad.

El trabajo analiza el grado de aceptación de las diferentes actuaciones puestas en marcha a través del Plan de Mejora de la Calidad del Aire en Madrid, conocido como Plan A, y evalúa el grado de aceptación de las medidas propuestas por las Administraciones Públicas para, en segundo lugar, poner en común las opiniones procedentes de distintos agentes económicos y sociales con actividad en la ciudad.

Tras analizar los datos proporcionados por los agentes económicos y sociales consultados se encontraron posiciones comunes en relación a cinco de las medidas propuestas por el Plan A, explica la Universidad en un comunicado.

De esta forma, el 75 % de los consultados apoya la restricción a la circulación de vehículos como una medida que mejora la calidad del aire de las ciudades y la considera positiva, y la percepción más negativa está relacionada con el impacto económico de la misma.

La mayoría de los agentes señala que su aplicación debe garantizar la correcta distribución de mercancías en la ciudad y el respeto a los más desfavorecidos.

La segunda medida más aceptada es la concesión de incentivos para renovar el parque con más impuestos, considerada como una buena apuesta para mejorar la calidad del aire por el 50 % de los encuestados, y la valoración más negativa se la lleva el establecimiento de límites de velocidad más estrictos, entendida como negativa para el 57 % al considerar que genera incertidumbre medioambiental.

Solo el 39 % la valora que puede suponer una mejora de la seguridad viaria y el 14 % piensa que puede suponer una mejora de la calidad acústica.

La ampliación del viario para movilidad no motorizada es considerada como positiva por el 39 % de los agentes entrevistados por su mejora de la calidad del aire, mientras que la dificultad de acceso en algunos puntos y la dificultad de adaptación de la capital a una medida como esta se consideran factores negativos.

Para evaluar las tres medidas restantes, en las que no se encontró consenso, se realizó un taller presencial al que acudieron 15 de los agentes entrevistados, añade la nota.

Se expusieron los principales resultados de la primera fase y se analizaron, previa votación, las propuestas del equipo investigador sobre las estrategias de implementación de las medidas objeto de debate.

Los participantes, una vez expuestas sus opiniones y necesidades, y tras escuchar las demás versiones, lograron alcanzar acuerdos sobre los impactos esperados y las estrategias de implementación.

 
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