03-07-2020 / 14:41 h EFE

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes que el Gobierno de Aragón pretende aplicar la alteración de puestos de los empleados públicos prevista en un decreto ley, sin negociación, que afecta a las vacaciones de 13.000 trabajadores.

Según el sindicado, el decreto-ley del Gobierno de Aragón por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica incluye distintas medidas en materia de personal que no han sido objeto de negociación previa con las organizaciones sindicales y "atenta contra los derechos de los empleados públicos".

"Este decreto permite alterar funciones, contenidos y hasta la ubicación del puesto de trabajo, fuera ya del estado de alarma", advierte CSIF en una nota de prensa, en la que asegura que también afecta a las vacaciones, que obligatoriamente deberán disfrutarse en el año 2020.

Están afectados los trabajadores del sector de Administración General de la Comunidad Autónoma (unas 13.000 personas), aclara CSIF, que destaca que el decreto establece un régimen especial para la atribución temporal de funciones que permite la reordenación y distribución del personal.

La atribución temporal de funciones ya se aplicó durante el estado de alarma por la crisis sanitaria, pero para CSIF el alcalde de esta medida, contemplada por la normativa ya existente y regulada, "es de tal magnitud que debe limitarse a situaciones excepcionales".

"No solo puede alterar las funciones y contenidos del puesto de trabajo, sino que también puede afectar a la localidad donde se prestan los servicios y puede llegar a modificar la categoría y clase de especialidad del puesto que se desempeña", advierte el sindicato.

CSIF insiste en que ante situaciones excepcionales caben medidas excepcionales, pero ese no es el caso ahora y por tanto no apoya la aprobación de este decreto, que además se ha hecho fuera de la negociación colectiva y sin informar a los representantes de los trabajadores.

En su opinión, este decreto incumple el convenio colectivo y el Estatuto Básico del Empleado Público, de forma que los servicios jurídicos del sindicato ya están estudiando su legalidad.

Además, CSIF advierte de que la DGA "impone" también la modificación unilateral de las condiciones establecidas para el disfrute de las vacaciones.

Como hemos visto durante la crisis sanitaria de la covid-19, por motivos de conciliación puede hacerse necesario recurrir a días de permiso o vacaciones en caso de estar a cargo de hijos menores de 12 años o de personas dependientes.

Los empleados públicos de la DGA tienen derecho a solicitar vacaciones fuera del periodo ordinario, y a disfrutarlas siempre que las necesidades del servicio lo permitan, así como a trasladar al año siguiente las vacaciones que no se hayan podido disfrutar por causas ajenas al empleado, entre ellas las necesidades del servicio, estar de baja por una incapacidad temporal o una baja maternal.

"Y ahora -asegura CSIF- el Gobierno de Aragón suspende unilateralmente este derecho". "En el supuesto de una nueva oleada de covid-19, que es para lo que nos tememos que se publica este decreto legislativo, se están limitando los derechos y las posibilidades de conciliación en la DGA", subraya el sindicato.

 
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