03-07-2020 / 17:40 h EFE

El Tribunal Supremo ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid al admitir un recurso de casación que el Gobierno municipal de Manuela Carmena presentó contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba la reducción de los precios en los centros deportivos municipales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS falló el pasado 23 de junio la anulación de la sentencia del 31 de octubre de 2017 por parte del TSJM, que en su momento dio la razón a la empresa AQA Wellness S.L., que había recurrido la decisión del Pleno del Ayuntamiento de bajar las tarifas de los centros deportivos, uno de los cuales gestionaba esta empresa.

Los hechos se remontan al 22 de diciembre de 2015, cuando el Gobierno de Ahora Madrid aprobó en el pleno del Ayuntamiento reducir los precios de las instalaciones deportivas municipales, decisión que fue recurrida por dos empresas -AQA Wellness S. L. y Serviocio, Cultura, Deporte y Recreación S. L. A.-, adjudicatarias de un contrato de gestión de dos polideportivos, que reclamaban un reequilibrio económico tras la bajada de las tarifas.

En dos sentencias -de octubre y noviembre de 2017- el TSJM dio la razón a las empresas recurrentes anulando la reducción de los precios de los centros deportivos, argumentando que la reducción de los precios tenía un impacto económico que debía solventarse en el seno de la concesión, aunque estos fallos eran susceptibles de ser recurridos, cosa que hizo el Ayuntamiento de Madrid, ya que entendía que las sentencias eran desfavorables a la reducción de precios por una cuestión "meramente formal, relativa al contenido de los informes técnico-económicos".

Ahora, el Tribunal Supremo ha devuelto la razón al Ayuntamiento de Madrid en el caso del recurso de AQA Wellness.

"Con carácter general el concesionario tiene derecho a percibir las prestaciones económicas previstas en el contrato; las cuales deben permitir amortizar el coste del establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y el margen normal de beneficio industrial. Al efecto se le va a reconocer el derecho al restablecimiento del equilibrio económico de la concesión cuando la Administración modifique lascaracterísticas del servicio contratado, o por sus actuaciones se ocasione directamente la ruptura de la economía contractual o por causas de fuerza mayor, en cuyo caso la Administración podrá adoptar las medidas que procedan, incluida la modificación de las cláusulas económicas", argumenta el fallo del Supremo.

No obstante, recalca que aunque los precios públicos deben cubrir la prestación del servicio por regla general, "excepcionalmente y por motivos sociales, benéficos, culturales o de interés público sepueden fijar precios públicos por debajo del límite de coste".

Fuentes de Ahora Madrid han celebrado que el Supremo dé la razón "de fondo" al equipo de Gobierno de Carmena, ya que tras una serie de consideraciones jurídicas el fallo concluye que los precios que reciben los concesionarios de los centros deportivos son precios privados -sin prejuicio de que el Ayuntamiento ponga limitaciones- porque van a la cuenta de resultados de la empresa y no a las arcas municipales, de ahí que entiendan que la memoria que se redactó en su momento está "bien hecha".

De hecho, estas fuentes añaden que no es cierto que una reducción de las tarifas supusiese una merma en los ingresos de las concesionarias, ya que la bajada de precios "supuso de facto un aumento de los ingresos de estas empresas, pues iban más usuarios a los polideportivos".

 
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