07-07-2020 / 18:50 h EFE

El anteproyecto de Ley de reforma del Código Civil que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros elimina una discriminación histórica del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ya que ha acabado con su incapacitación judicial, como venían reclamando Plena inclusión España, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) o el CERMI.

Como subrayan la AEFT, la importancia de esta reforma recae en el reconocimiento de que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones.

En este sentido, se promueve la eliminacio´n de la modificacio´n total de la capacidad juri´dica y la garanti´a de un modelo de provisio´n de apoyos, alineado con los derechos humanos, ha informado Plena inclusión de Extremadura en un comunicado.

Además, este nuevo enfoque garantiza el respeto de la voluntad y preferencias, asi´ como el fomento de la autonomi´a y autodeterminacio´n de las personas con discapacidad, frente a la sustitucio´n en su toma de decisiones.

La AEFT y Plena inclusio´n España aplauden que el texto haya incorporado la prohibicio´n de que entidades de apoyo a personas con discapacidad actu´en como juez y parte, es decir, la imposibilidad de ser tutoras y ofrecer otros servicios.

Plena inclusión Extremadura venía reivindicando desde hace años el inicio de esta reforma del Código Civil. Su presidente, Pedro Calderón, ha explicado que “se trata de una reforma imprescindible para armonizar normativamente la legislación española a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual. Es un paso clave para eliminar una discriminación histórica”, ha dicho.

En este sentido, ha recordado que Plena inclusión Extremadura ha estado prestando apoyo activo y asesoramiento legal a las personas con discapacidad intelectual que, habiendo sufrido una modificación de la capacidad de obrar, querían recuperar sus derechos.

El caso de la vocal de la Junta Directiva de Plena inclusión España Maribel Cáceres es un ejemplo de ello. Esta joven pacense fue incapacitada judicialmente al llegar a la mayoría de edad, ha explicado la asociación extremeña.

Hace cuatro años decidió iniciar un proceso para recuperar sus derechos y en primer lugar consiguió su derecho al voto –antes de que la reforma legal permitiera que todas las personas pudieran participar en los comicios- y su batalla legal prosiguió para recuperar su capacidad legal.

 
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