Una resolución del Procurador del Común ha solicitado la institucionalización de un protocolo de actuación de las universidades públicas que permita agilizar la respuesta ante eventuales crisis sanitarias como la Covid-19, ha informado la Defensoría de Castilla y León en un comunicado.
Coincidiendo con el inicio de la crisis sanitaria, el Procurador abrió, el 31 de marzo, una actuación de oficio para determinar la contribución que estaban llevando a cabo las Universidades públicas, poniendo a disposición de la lucha frente a la pandemia provocada por la COVID-19 sus equipos, laboratorios y talleres.
A tal efecto, en esa misma fecha, la Defensoría se dirigió tanto a la Consejería de Educación como a las cuatro Universidades públicas de la Comunidad, para que proporcionaran información sobre la cuestión expuesta.
Aunque la naturaleza de la situación requería que la información fuera facilitada a la Procuraduría en el plazo de tiempo más breve posible, hasta el 26 de junio no se recibió el último de los informes, justificándose la demora en buena medida por la situación derivada del estado de alarma.
Analizada la información proporcionada, el Procurador ha advertido del esfuerzo de colaboración desarrollado por las Universidades públicas de la Comunidad, para poner a disposición de la lucha contra la Covid-19 y sus consecuencias todos los recursos materiales y personales disponibles que se habían requerido.
"Con todo, la experiencia vivida ha de servir, de cara al futuro, para actuar si cabe con una mayor agilidad, coordinación y eficacia, debiendo asumirse la existencia de la nueva vulnerabilidad a la que está sometida la población a nivel global", ha analizado el Procurador.
Más aún, lejos de haberse superado la crisis sanitaria, el Procurador ha considerado que este es el momento de dedicar todos los esfuerzos posibles para la prevención y lucha frente a los efectos de todo tipo derivados de la enfermedad, fundamentalmente de tipo sanitario, social, laboral y educativo.
Es por ello, que la Defensoría autonómica ha solicitado la búsqueda de fórmulas para normalizar esa colaboración ante situaciones futuras que así lo requieran, como parte del servicio que las universidades públicas han de prestar a la sociedad.
Por ello, mirando al futuro, la Institución ha entendido que puede ser de gran utilidad que dichos centros de formación e investigación cuenten con un protocolo de actuación ante eventuales futuras situaciones de crisis sanitarias, para aportar, en la línea de lo que han hecho y siguen haciendo en la actualidad, los medios personales y materiales disponibles.
Un protocolo de actuación que debería contar con un responsable o un equipo responsable que inicie la apertura y cumplimiento del protocolo y tome decisiones en el marco del mismo, lo que aportaría eficacia y agilidad para hacer frente a situaciones sobrevenidas, ha subrayado el Procurador.
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