La atención y servicios en las residencias de mayores de Castilla y León tendrán especial protagonismo dentro de la distribución de los 20 millones de euros procedentes del segundo fondo extraordinario Covid-19 aprobado por el Gobierno autonómico.
Esta inversión, que atenderá el incremento del gasto social y sanitario motivado por la pandemia, también potenciará los servicios de proximidad como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, e incidirá en las ayudas destinadas a las familias, a los menores y a las personas sin hogar para cubrir sus necesidades básicas.
De todos estos criterios ha informado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien se ha reunido este miércoles con representantes de los Servicios Sociales de las nueve capitales de provincia, de las nueve diputaciones y de los seis municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León.
Blanco ha expresado su deseo de suscribir cuanto antes con las entidades locales los convenios de colaboración necesarios para llevar a cabo la inversión de este fondo extraordinario no consolidable, han informado fuentes de la administración autonómica a través de una nota.
Ha informado de que se mantienen los mismos criterios que los aplicados en el reparto del primer fondo extraordinario Covid-19 para compensar los gastos originados por la pandemia en los centros residenciales, el cierre de comedores escolares, de los centros de día y centros ocupacionales.
Los ayuntamientos y diputaciones que reciban estas ayudas deberán justificar el destino de las mismas antes de que finalice el presente año.
Este segundo fondo extraordinario Covid-19 incluye una partida de siete millones para atender las necesidades en las residencias, que han sido los centros con mayor afectación por coronavirus durante la pandemia.
Esta cantidad servirá para reforzar las plantillas de personal a través de contrataciones o sustituciones, la compra de Equipos de Protección Individual (EPIs) para empleados y usuarios, medidas de desinfección de las instalaciones y la mejora de la seguridad mediante la distribución de espacios e itinerarios para evitar contagios.
Otros siete millones, según las mismas fuentes, se distribuirán en forma de ayudas a la exclusión social y de emergencia, para personas sin hogar, alimentación infantil, programas de atención a necesidades básicas y apoyo a las víctimas de la violencia de género.
Para reforzar el personal de los equipos de Acción Social Básica se destina una partida de tres millones, y otros tantos para los servicios de proximidad como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral incluidos los programas Conciliamos y Crecemos.
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