08-07-2020 / 19:30 h EFE

La Fiscalía de Barcelona ha recurrido ante la Audiencia Provincial las salidas laborales del 100.2 autorizadas al exconseller Raül Romeva, el mismo día en que los fiscales del "caso procés" solicitaban al Tribunal Supremo que asuma la revisión de la semilibertad de todos los políticos presos.

En un escrito con fecha de ayer, el fiscal de vigilancia de Barcelona impugna la flexibilización del régimen penitenciario de Romeva ante la Audiencia de Barcelona, como lo hizo en su día en los casos de los 100.2 concedidos al exconseller Joaquim Forn, a los Jordis y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Hasta ahora, la Fiscalía de Cataluña ha considerado que es la Audiencia Provincial la que debería tener la última palabra sobre el 100.2., aunque no tenía intención de oponerse a que el Supremo asumiera la revisión, si el juez de vigilancia penitenciaria decidía remitir allí los recursos.

No obstante, en un informe con fecha de ayer, los cuatro fiscales del "caso procés" pidieron al Supremo que se declare competente para revisar las salidas del 100.2 de los políticos presos, que consideran un tercer grado "encubierto", y le emplazaron a unificar la doctrina sobre la materia.

En principio, la flexibilización del régimen penitenciario de los políticos presos mediante el 100.2 permite eludir el control del Tribunal Supremo, a diferencia de la clasificación en tercer grado, que siempre debe ser revisada por el órgano sentenciador.

No obstante, los fiscales del Supremo mantienen que siempre ha habido discusión sobre si el 100.2 supone una flexibilización o, a la práctica, un cambio de la clasificación penitenciaria, por lo que el Supremo tendría que pronunciarse sobre el asunto.

En cualquier caso, el margen para que el Supremo acabe revisando el 100.2 de los políticos presos es estrecho, puesto que están a un paso de que la Generalitat les conceda el tercer grado o régimen abierto, en el que es criterio unánime que la última palabra corresponde al tribunal sentenciador.

La discrepancia de posturas en el seno del ministerio público no suele ser habitual, teniendo en cuenta que se rige por el principio de dependencia jerárquica, que garantiza la unidad de actuación de la Fiscalía en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Para oponerse al 100.2 de Romeva, la Fiscalía de Barcelona esgrime los argumentos que ha ido manteniendo hasta ahora contra la semilibertad de los líderes independentistas presos: la duración de la pena, la falta de arrepentimiento y la ausencia de un tratamiento de rehabilitación específico para el delito de sedición por el que fueron condenados.

Por esos motivos, ha recurrido también a sendos permisos de salida que la cárcel de Lledoners ha concedido en los últimos meses al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al exlíder de la ANC, Jordi Sànchez.

 
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