09-07-2020 / 12:33 h EFE

La consejera de Presidencia, Paula Fernández, ha asegurado que en estos momentos la Justicia "está funcionando con normalidad" tras el reciente levantamiento de los plazos procesales, así como también las medidas de protección implementadas en las sedes judiciales ante la COVID-19.

Ha destacado que los juzgados de la región "funcionan mejor de lo esperado" desde que se levantaron las plazos procesales, y ha agregado que en estos momentos se está "al 68 % de trabajo" con respecto a las mismas fechas del pasado año.

Estas valoraciones han sido realizadas por la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, tras la visita realizadas a las dependencias de los juzgados de Torrelavega junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, para conocer el funcionamiento de las medidas implementadas frente a la COVID-19.

En un encuentro con periodistas, Paula Fernández ha resaltado el funcionamiento del teléfono de cita previa para cualquier gestión que no requiera presencia física en la sedes judiciales, así como también el cumplimiento de las medidas de protección e higiene en las distintas sedes.

En especial, ha señalado la inversión realizada en señalética de distancias de seguridad, dispensadores de geles, refuerzo de limpieza, mamparas de protección y dotación de nuevos medios técnicos necesarios para la organización de actuaciones y juicios telemáticos.

Ha recordado que la Consejería de Justicia ha destinado hasta el momento medio millón de euros a las medidas para hacer frente a la COVID-19 en los juzgados de la región, en su mayoría sanitarias, aunque también en otros ámbitos.

Además, ha mostrado su satisfacción por el reciente acuerdo del Consejo de Ministros para poner en marcha un plan de choque para evitar el colapso de los juzgados tras la pandemia de la COVID-19, un programa cubierto por 50 millones de euros entre este año y 2021 que incluye refuerzos, incentivos por objetivos y nuevos órganos judiciales.

Respecto a los refuerzos de personal, la consejera ha destacado que ello supondría una inversión extraordinaria en Cantabria de 120.000 euros, aunque lo más inmediato es una prolongación de jornada a partir del 1 de septiembre, que tendrá un coste en la región de 38.000 euros.

También ha mostrado su satisfacción por la decisión del Ministerio de Justicia de reforzar los juzgados de los Social y Mercantil, decisión que iba en la línea de la propuesta defendida por Cantabria.

 
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