El Govern ha aprobado este martes el Decreto de concierto social, que pretende cambiar la relación con los proveedores de servicios y fundamentarla en la mejora de la calidad asistenciales y los criterios sociales y no tanto en el precio, como sucedía ahora mayoritariamente.
El Decreto se denomina de acreditación, concierto social y gestión delegada en la red de servicios sociales de atención pública, ha informado hoy el gobierno catalán en un comunicado.
Los criterios para proveer servicios a los ciudadanos tendrán en cuenta la calidad asistencial, la solvencia técnica, el arraigo en el territorio y otros mecanismos "orientados a la mejora del servicio a la persona".
También se tendrá en cuenta la estabilidad y calidad del empleo, el compromiso ético, transparencia y el que se destine una parte de los excedentes a la mejora de la formación profesional.
"Otro aspecto muy importante es el establecimiento de un tope máximo de diferencia salarial entre la persona con el sueldo más alto y el que lo tenga más bajo, que no podrá superar la relación 1/9, es decir, que podrá ser como máximo nueve veces superior", ha indicado el Govern.
En cuanto a la acreditación de la empresa, trámite que corresponde al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, estará siempre abierto y las entidades proveedoras podrán acreditarse si cumplen los requisitos y condiciones que se establezcan para cada tipología de servicio social.
El plazo de vigencia inicial de la acreditación será de cuatro años, prorrogable de dos años en dos años hasta un máximo de diez, "siempre que los servicios se presten correctamente y se cumplan las condiciones de calidad requeridas", se precisa.
El precio de los servicios que proveer estará referenciado en la cartera de servicios sociales "y no se admitirán bajas económicas, de manera que resultará ganador el proyecto presentado que ofrezca mejores condiciones de atención a las personas".
Con este cambio en la contratación de servicios sociales se pretende que el camino sea "más ágil, eficiente y de calidad", también "menos burocrático, reduciendo los plazos y trámites" y que se centre en la calidad en la atención a la persona.
Esta reforma llega después de las graves situaciones vividas por ancianos usuarios de algunas residencias gestionadas por determinadas grandes empresas durante la pandemia de la COVID-19, algunas de las cuales fueron sustituidas en la gestión por las graves deficiencias constatadas en el servicio, aunque en el comunicado no se menciona en ningún momento estos hechos.
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