17-07-2020 / 15:10 h EFE

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez Hoces, ha pedido hoy a las distintas administraciones regionales y locales “máxima implicación y coordinación” para movilizar todos los recursos disponibles que van a ser necesarios para controlar y minimizar los riesgos derivados de la transmisión del coronavirus ante las próximas campañas agrícolas que se iniciarán en breve”.

Para ello, Pérez Hoces ha reclamado, en un comunicado, que se planifiquen y coordinen con antelación suficiente los protocolos ante el Covid-19 y se pongan todos los dispositivos necesarios para un desarrollo normal de las tareas agrícolas "de forma que se puedan corregir los errores que han podido darse en otras zonas de España".

El presidente de la organización ha hecho esta petición, que compartirá en las próximas reuniones programadas al respecto, ante la próxima llegada de un gran contingente de trabajadores temporales en toda La Rioja, aproximadamente 5.000 personas, para recoger las cosechas de uva y fruta.

En este sentido, ha incidido en que aunque considera que los contratos locales y de proximidad son una opción a considerar en estos momentos para el agricultor profesional, “la experiencia nos ha demostrado que con las bolsas de trabajo existentes no se puede cubrir toda la demanda”.

En concreto, "tal y como ya están realizando otras regiones vecinas", ha solicitado a la Consejería de Salud la realización de test gratuitos para los temporeros de la vendimia y la campaña de recolección de fruta, con el fin de extremar el control de todas las personas que puedan llegar de otras provincias o incluso del extranjero.

Asimismo, el presidente de ARAG-ASAJA, ha pedido conocer con mayor concreción los requisitos de seguridad y salud en los traslados y alojamientos que afectan a los trabajadores temporeros con el fin de ayudar a los empleadores a una correcta aplicación de las normas.

“Los agricultores son los primeros que quieren una vendimia segura, una campaña de recolección de fruta segura. Y para ello están esperando una información clara y precisa, que atienda unas exigencias proporcionadas y razonables, para saber cómo actuar y garantizar los derechos, la salud y la seguridad de todos”, ha dicho.

Cree que el sector agrícola no puede consentir "que le carguen al sector con un problema social, que está más asociado a las condiciones de vida de los trabajadores temporeros que con la propia actividad desarrollada, y sobre el que las administraciones son las tienen que implicarse y actuar”.

 
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