La asociación de consumidores Asufin ha cifrado este jueves en 1.500 millones de euros, 32 de ellos en Asturias, la factura a la que la banca podría verse obligada a hacer frente en caso de tener que asumir la totalidad de las costas de los pleitos por cláusulas abusivas -cláusulas suelo, IRPH, multidivisas-.
Según explica en una nota de prensa Asufin, que eleva sus estimaciones hasta los 2.250 millones en caso de haber recurso ante la Audiencia Provincial, el cálculo tiene en cuenta los asuntos "que se acumulan" en los juzgados especializados en materia hipotecaria, alrededor de 470.000 desde 2017, y la media del importe por costas.
La asociación que preside Patricia Suárez destaca la importancia de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre gastos hipotecarios, en la que el organismo dispuso que respecto a las costas "siempre que el pronunciamiento sea a favor del consumidor, la entidad deberá asumirlas en su totalidad para favorecer el derecho a la reclamación".
En concreto, Luxemburgo se opuso en su fallo a que el consumidor cargase con una parte de las costas procesales "dado que tal régimen crea un obstáculo significativo" que puede disuadir a estos usuarios de ejercer su derecho.
Para Suárez, la decisión del TJUE "supone un antes y un después en la consideración de las costas procesales y avanza en la dirección correcta hacia un sistema judicial que facilite a los consumidores la defensa de sus derechos en los tribunales".
La presidenta de Asufin cree que ahora "el efecto disuasorio se aplicaría a la banca que debería llegar a acuerdos con sus clientes para recuperar su confianza a la vez que se ahorraría la factura de las costas".
LAS COSTAS POR COMUNIDADES
Por costas se entienden los gastos en que incurren cada una de las partes involucradas en un juicio y que son inherentes al proceso: notificaciones, tasas así como los gastos de asistencia letrada (coste del abogado y procurador).
En procedimientos ordinarios, el coste medio entre todas las comunidades autónomas se sitúa en unos 3.000 euros, pero si se determina en base al interés económico del pleito, se elevaría notablemente en los casos de cláusulas suelo, hipoteca multidivisa o IRPH.
Si además el banco recurre en segunda instancia a la Audiencia Provincial, se incrementa un 50 % más, señalan desde Asufin, que advierten de cómo este escenario puede variar dependiendo de la región.
A tenor de los datos que maneja la agrupación, Cataluña, Madrid y Andalucía, comunidades que destacan por su litigiosidad, presentan las facturas más elevadas en primera instancia, con 431,4 millones, 204,7 millones y 199,2 millones, respectivamente.
Teniendo en cuenta posibles recursos, se incrementaría hasta los 647,1 millones en Cataluña, 307 millones en Madrid y 298,8 millones en Andalucía.
En el caso de Cataluña, al elevado número de procedimientos se le suma el alto importe de las costas, cuya media según Asufin estaría en los 7.810 euros frente a los 1.500 euros de la Comunidad Valenciana o, incluso, los 3.520 euros de Madrid.
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