25-07-2020 / 1:00: h EFE

El ex presidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) negó este viernes que haya favorecido a la pandillas en el marco de un armisticio que estas acordaron entre 2012 y 2014 para reducir la cifra de homicidios.

Funes será procesado junto a su exministro de la Defensa y de Seguridad David Munguía Payés, considerado por algunos sectores como el "padre de la tregua" y que fue detenido el jueves.

¿Por qué la FGR (Fiscalía) me acusa de asociaciones ilícitas en el caso tregua si no me reuní ni promoví o autoricé alguna reunión de negociación con las pandillas para fortalecerlas y ayudarles a delinquir? No les entregué dinero como sí lo hicieron otros. Tampoco las favorecí", publicó el exmandatario en sus redes sociales.

Agregó que esta es una da las razones por las que, a su juicio, el ex fiscal general Douglas Meléndez (2016-2019) no le acusó de los supuestos beneficios que recibieron pandilleros encarcelados.

Funes, nacionalizado nicaragüense y quien no puede ser extraditado a El Salvador para afrontar varios procesos por cargos de corrupción, criticó al actual fiscal general, Raúl Melara.

Añadió que, en caso de regresar a El Salvador, "es imposible defenderse cuando hay todo un aparato de persecución judicial montado para hacerle creer a la gente a cómo dé lugar que uno es culpable".

Los cargos presentados son el de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

"Se ha determinado que es a través de ese pacto, de ese liderazgo que tuvieron ellos (Payés y Funes) en el Gobierno, para que se llevara (a cabo) la tregua entre pandillas y donde se cometieron los delitos que se han mencionado", dijo Melara a la prensa el jueves.

Munguía Payés fue el primer alto cargo salvadoreño en admitir públicamente que la tregua fue una política estatal que además tuvo el "respaldo" de la Organización de Estados Americanos (OEA), entonces bajo el liderazgo del chileno José Miguel Insulza.

En febrero de 2015, el entonces presidente Funes justificó el acompañamiento de su gobierno a la tregua porque durante la misma el promedio mensual de muertes violentas en El Salvador pasó de 340 a 160 y el registro diario de asesinatos bajó de 15 a 5.

A ese armisticio se le atribuye una sensible bajada en las cifras de homicidios en los años que estuvo en pie, pero tras su fin el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta contabilizar 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.

Por esta tregua fueron enjuiciadas en dos ocasiones varias personas, acusadas de ser los operadores del pacto, que en un primer momento fueron exoneradas de los cargos.

Posteriormente, ante la resolución de una corte de apelaciones que ordenó repetir el juicio en marzo de 2019 y en este fueron condenados algunos funcionarios a penas leves y excarcelables.

El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador impuso tres años a Nelson Rauda, exdirector del sistema penitenciario (2012-2013), y Anilber Rodríguez, exinspector de las prisiones, por el delito de actos arbitrarios.

Mientras, los exdirectores de cárceles Félix Ruiz, Rigoberto Palacio, Juan Zepeda, José Abarca y Miguel Ángel Abarca recibieron dos años por el delito de incumplimiento deberes.

En al menos tres ocasiones, jueces antimafia llamaron a la Fiscalía a investigar a Funes y Payés por su supuesta participación en la tregua entre las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.

 
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