28-07-2020 / 17:20 h EFE

El despacho de abogados Balms ha sumado a cerca de 500 ganaderos al procedimiento iniciado contra las empresas acusadas de montar un cártel lácteo y tiene previsto reclamarles una indemnización que estima en el entorno de los 195 millones de euros.

Así lo han explicado este martes a Efeagro fuentes de dicho bufete, que han precisado que por el momento se ha interrumpido la prescripción del caso y que habrá que esperar a que los tribunales decidan sobre el recurso que presentaron las compañías implicadas tras la multa impuesta por Competencia.

Mientras tanto, la firma ya trabaja en la elaboración de un informe pericial que justifique las peticiones de indemnización, que según sus cálculos deberían ascender a un valor aproximado de dos céntimos por litro de leche para cada ganadero durante el tiempo en el que las autoridades han considerado probado que existió cártel para pactar precios.

El medio millar de ganaderos que ha optado por este despacho se concentra en las provincias gallegas de Lugo, A Coruña y Pontevedra, así como en Asturias, y representa un número de cerca de 75.000 vacas, con una producción media diaria de unos 35 litros cada una, de acuerdo con sus estimaciones.

Responsables del despacho han comparado este caso con el cártel europeo de fabricantes de camiones, en el que también participan.

Además de Balms, otros bufetes han interrumpido la prescripción y ya preparan demandas contra las empresas lácteas implicadas, entre ellos Eskariam, que sumó a cerca de 1.900 ganaderos según sus datos.

El caso se basa en la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al detectar que empresas y asociaciones del sector lácteo intercambiaron entre los años 2000 y 2014 información para influir en los precios a pagar a los ganaderos.

La investigación concluyó con una resolución en 2015 que sancionaba a las empresas con 88 millones de euros, aunque las compañías afectadas recurrieron y la Audiencia Nacional -que declinó entrar a analizar el fondo del asunto- ordenó retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a abril de 2014 por defectos de forma.

Por este motivo, Competencia revisó en 2019 el expediente y rebajó la sanción a 80 millones de euros, resolución que también ha sido recurrida en esta ocasión.

Capsa (21,8 millones), Danone (20,2 millones) Lactalis (11,6 millones), Industrias Lácteas de Granada (10,3 millones), Calidad Pascual (8,5 millones) y Nestlé (6,8 millones) son las grandes empresas sancionadas.

 
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