28-07-2020 / 18:42 h EFE

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado hoy el Pla Hàbitat 20-30, cuyo objetivo es duplicar el parque de viviendas sociales, potenciar la política de vivienda de las entidades locales y desarrollar la Ley por la función social de la vivienda.

El plan es resultado de un proceso participativo en el cual ha intervenido el conjunto de agentes implicados del sector, así como representantes de administraciones públicas y de los colectivos ciudadanos.

El resultado, según ha manifestado el vicepresidente, es que "por primera vez la Generalitat cuenta con un plan estratégico y una hoja de ruta en vivienda y disponemos de una estrategia a largo plazo que, desde un análisis objetivo de situación habitacional, fija un horizonte realizable a diez años".

"En consecuencia, disponemos de un instrumento con el que poder garantizar la función social de la vivienda en la Comunitat Valenciana y proporcionar un servicio público de calidad homologable a los referentes europeos a partir de tres objetivos principales: duplicar del parque de vivienda con fines sociales, potenciar la política de vivienda de las entidades locales y desarrollar la Ley por la función social de la vivienda", ha explicado Martínez Dalmau.

El vicepresidente ha declarado que, con este documento, "sellamos públicamente un acuerdo con toda la sociedad valenciana para los próximos 10 años, un acuerdo que no es solo político, sino también, y muy especialmente, ético".

"Con el Pla Hábitat 20-30 queremos decir, de una vez por todas, que el problema de la vivienda en la Comunitat tiene solución", ha asegurado.

Martínez Dalmau se ha referido a la situación de emergencia habitacional en la Comunitat derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria. Desde 2013, se han acumulado casi 55.000 ejecuciones hipotecarias y cerca de 31.000 lanzamientos por impago del alquiler.

Según el responsable de Vivienda, a estos datos se suma el hecho de que "por la crisis inmobiliaria, se ha venido paralizando la construcción de vivienda de protección oficial, y entre 10.000 y 15.000 viviendas al año pierden su protección pública, además de verse reducido el parque público de vivienda".

Asimismo, ha asegurado que las personas en situación de vulnerabilidad y con necesidad urgente de una vivienda rozan las 25.000 familias, según se ha podido constatar a través de una encuesta de necesidad de vivienda.

"El plan que hoy presentamos -ha afirmado- es la respuesta operativa frente esta emergencia habitacional, es la necesaria reestructuración de la política de vivienda pública".

 
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