04-08-2020 / 11:10 h EFE

Varias entidades sociales, entre ellas Andalucía Acoge, y los sindicatos CCOO y UGT han instado este martes al Gobierno andaluz a que en la anunciada remodelación del ejecutivo se aborde un cambio de las políticas migratorias para "primar" la dimensión social y de ciudadanía en este ámbito.

En un comunicado conjunto, los promotores de esta iniciativa expresan su preocupación ante un eventual traspaso de las competencias en materia migratoria a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía.

"Ello marcaría una tendencia clara hacia un modelo de política migratoria autonómica más enfocada hacia la seguridad y el control, perdiendo centralidad la integración, la convivencia y la cohesión social, que deben ser los pilares fundamentales que sustenten la política migratoria de la Comunidad Andaluza en el contexto español y europeo", defienden.

Así, consideran que para garantizar el interés general, la gestión "positiva" de la diversidad cultural, la convivencia, la interculturalidad y una "mirada" a la inmigración como fuente de desarrollo social, cultural y económico, las políticas migratorias se "deben focalizar, planificar e implementar en el ámbito de la igualdad de oportunidades, el empleo, la educación inclusiva, la sanidad comunitaria y el acceso a unos servicios sociales universales", entre otros.

"Hay que derribar las fronteras interiores que se están creando entre la población inmigrante y la autóctona, siendo éstas el germen del racismo y la xenofobia que debemos abordar desde la sensibilización social", señalan.

Por ello, reclaman una política migratoria que apueste por la integración "contando con el liderazgo del Gobierno autonómico" y "armonizada" con las políticas estatales y europeas, además de una cooperación "continua" con las administraciones locales, que son las que desarrollan las políticas más cercanas a la ciudadanía, y con las organizaciones sociales y sindicales.

Según las citadas entidades, los inmigrantes que residen en Andalucía suponen ya en torno al 10 por ciento de la población andaluza, por lo que las políticas autonómicas se deben enfocar hacia la normalización de la inclusión para garantizar la convivencia.

"Vincular migraciones y seguridad en la gestión autonómica incidiría en avivar los discursos que criminalizan a las personas migrantes, que están siendo foco de ataques indiscriminados y un creciente aumento del racismo y la xenofobia por parte de quienes construyen discursos de odio y división social", insisten.

 
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