04-08-2020 / 15:02 h EFE

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha multado con 3,9 millones de euros a cinco empresas por haberse coordinado al presentar ofertas en la licitación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) del servicio de autobús Aerobús.

La resolución de la ACCO también prohíbe a cuatro de las empresas -Transportes Urbanos y Servicios Generales (TUSGSAL), Transports Ciutat Comtal (TCC), empresa participada por Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), Serveis Generals de Mobilitat i Transport (SGMT) y Automóviles La Alcoyana- ser contratadas por el AMB en aquellas licitaciones que tengan por objeto la prestación del servicio de transporte de viajeros por carretera durante 18 meses.

En un comunicado, la ACCO ha explicado este martes que la conducta infractora, que se llevó a cabo desde 2017 hasta 2019, consistió en acordar la presentación de una oferta de cobertura por parte de Alcoyana, con la finalidad de beneficiar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por TUSGSAL, TCC y SGMT.

La empresa que presenta la oferta de cobertura no tiene la intención de ganar el concurso, sino que lo hace para que las otras empresas implicadas presenten una oferta más competitiva, preservando la apariencia de una competitividad efectiva.

El acuerdo de presentación de la oferta de Alcoyana se implementó mediante contactos e intercambios de información entre las empresas infractoras, con la participación de la consultoría CINESI, la quinta empresa implicada.

Este falseo de la competencia permitió a la UTE formada por TUSGSAL, TCC y SGMT ganar la adjudicación provisional de la concesión del servicio de Aerobús, que posteriormente fue suspendida por el AMB tras la investigación que abrió la ACCO.

Dicho comportamiento está considerado una infracción muy grave por la Ley de defensa de la competencia.

En concreto, el Tribunal Catalán de la Competencia de la ACCO ha impuesto una sanción de multa a SGMT de 1.494.090,99 euros, a TCC de 1.052.162,35 euros, a TUSGSAL de 864.245,42 euros, a ALCOYANA de 478.395,21 euros y a CINESI, de 19.884,84 euros.

Asimismo, ha sancionado con 22.800 euros al directivo de TUSGSAL y SGMT Carles Fábregas por su participación activa y efectiva en la conducta infractora.

"La concertación entre operadores económicos en el ámbito de las licitaciones públicas restringe la competencia, ya que impide el comportamiento autónomo e independiente de las empresas y reduce la incertidumbre en el comportamiento del resto de licitadores, eliminando los beneficios que aporta la libre concurrencia en los procesos de contratación, en detrimento del interés público", ha subrayado la ACCO.

El ente calcula que la colusión en la contratación pública en Cataluña genera una sobrecoste medio de los contratos afectados del 30 %.

 
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