12-08-2020 / 14:50 h EFE

id, 12 ago (EFECOM).- La Audiencia Nacional ha confirmado multas, por un total de un millón de euros, impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a varios concesionarios de la marca Chevrolet en 2016 por fijar precios y otras condiciones comerciales en el mercado de la distribución.

En las sentencias, a las que ha tenido acceso Efe, la sala de lo Contencioso-Administrativo desestima los recursos interpuestos por Motor Aluche, Corredor Gil Motor, Autotodo y Seligrat de Automoción (Seliauto), sobre los que pesaban sanciones de entre 147.618 y 321.440 euros, al considerar acreditada la existencia del cártel y la participación de estas compañías en él.

A finales de 2014, Competencia comunicó la apertura de expediente a varios concesionarios de la marca por una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las infractoras en el ejercicio posterior a la sanción.

Además de los recurrentes, en el procedimiento estaban involucrados la empresa externa Ant Servicalidad, Turismos y Vehículos Industriales (Tuvisa), Roauto, Talleres Prizán, Viñacar, Roceña de Turismos (Rotusa), y Alcarreña de Turismos (Altusa).

Casi dos años más tarde, la CNMC constató la existencia de un "cártel de fijación de precios y otras condiciones comerciales y de servicios, así como el intercambio de información comercialmente sensible entre concesionarios de la marca desde al menos enero de 2011 a enero de 2012".

Fruto de esta resolución, sancionó, entre otras, a Autotodo con 321.440 euros, a Seliauto, con 307.879 euros, a Corredor Gil, con 285.402 euros, y a Motor Aluche, con 147.618 euros.

Todos pertenecían a la autodenominada "Red Madrid" o "Red Chevrolet Madrid" que, según el organismo, determinó los descuentos máximos a aplicar al precio recomendado de venta del vehículo, y los precios comunes de tasación o los regalos ofrecidos.

Los contactos se realizaron a través del gerente de Corredor Gil, como se deduce de un correo de enero de 2011, en el que solicita presupuesto a la empresa Ant Servicalidad para la elaboración de estudios de mercado, indicando el nombre de los concesionarios, que coincidían con los de la llamada "Red Chevrolet Madrid".

Ant "conocía los acuerdos adoptados por los concesionarios", a los que visitaba mensualmente bajo la apariencia del "cliente indiscreto" para recopilar "toda la información posible sobre las condiciones de venta de ciertos modelos".

Acto seguido, volcaba los datos en un informe en el que "identificaba las desviaciones en las que cada concesionario había incurrido respecto a las condiciones pactadas".

Asimismo, prestaba servicios de "estudios de política comercial" para "acabar con la guerra de precios existentes y la escasa rentabilidad por operación", que se traducía "en pocas ventas", como manifestaba en su carta de presentación, recogida por las sentencias, que pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

LOS CONCESIONARIOS NIEGAN CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

En sus recursos a la Audiencia Nacional, los concesionarios negaban cualquier conducta irregular y aseguraban que la CNMC partió de un "documento publicitario" encontrado en su inspección a Ant, del que dedujo que había "acuerdos cuando los estudios de mercado revelan la total falta de homogeneización de los precios".

Al respecto, Autotodo defendía que los servicios del "cliente indiscreto" tenían como finalidad "comprobar que se cumplía correctamente con el sistema de campañas y si algún distribuidor contaba con condiciones especiales", lo que habría supuesto una "deslealtad contractual" con el resto de la red.

Ahora la Sala avala las multas de la CNMC al ver que hay pruebas de su participación, y asegura que "es indudable que el concesionario tiene un margen de actuación en cuanto a los descuentos a ofertar".

Y es que, concluye, el hecho de que las empresas sancionadas disminuyeran su incertidumbre en relación a las ofertas que podían formular sus competidoras es lo que ha permitido detectar una "homogeneidad de los descuentos" y, por tanto, la infracción.

 
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